Este jueves, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que, mientras la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología no logre diseñar una alternativa para el uso del glifosato, éste no será prohibido en México. Sin embargo, recordó que el gobierno federal ya suspendió su uso en todos sus programas agrícolas.
“En Sembrando Vida, que se están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables, ese agroquímico no se usa”, ejemplificó el presidente. También dijo que, si bien es cierto que no pueden suspender su uso, sí han limitado el volumen de importación del producto.
La campaña mexicana para prohibir el químico está íntimamente ligada con la prohibición del cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional. Aun cuando su toxicidad esté en duda, sí hay suficiente evidencia para demostrar que la transición de la actividad agrícola hacia los cultivos transgénicos ha tenido impactos ambientales y sociales graves.
Las poblaciones rurales que dependen de la agricultura han visto cómo las industrias que cultivan transgénicos afectan sus capacidades de competencia económica y de sustento. Además el tipo de monocultivo intenso que practica ese modelo agrícola esteriliza la tierra, dejándola inservible para cualquier otra planta.
El presidente dijo que buscará incluir el maíz transgénico en el próximo decreto de productos prohibidos por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
La decisión de prohibir el glifosato, comercializado en México como Aquamaster, Faena, Mamba, Sankill, Glyphos, Roundup y Ramrod, surgió a partir de que la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como un “potencial cancerígeno”. Es decir que, bajo ciertas condiciones, este químico, usado principalmente en la agricultura de exportación, puede provocar cáncer.
Otro de los puntos de debate es su efecto “ligeramente tóxico” en organismos no humanos presentes en los ecosistemas rurales, como insectos, aves y especies marinas, además de las plantas cuyo propósito es eliminar. Sobre este tema, Conacyt hizo público un repositorio científico con diversas conclusiones.
Las clasificaciones matizadas con adjetivos como “potencial” o “ligeramente” son la causa principal de que exista un desacuerdo sobre la seguridad de su uso. En septiembre de 1993, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) realizó un reporte para revaluar el registro que el químico tenía desde 1983. Clasificó al glifosato como un químico con toxicidad nivel 3, “moderadamente tóxico” (en una escala en la que el 4 es “no tóxico” y el 1 es “muy tóxico”). Actualmente, la organización está evaluando la clasificación de nuevo, pero en 2019 comunicó que sigue considerando la sustancia como “segura”.
La evidencia científica bajo la cual dieron esa evaluación fue presentada por la empresa productora del químico, Monsanto. En 1996, esta transnacional comenzó a comercializar sus cultivos transgénicos resistentes al Roundup. Esta combinación de productos incrementó el uso del herbicida. Los productores agrícolas comenzaron a rociarlo sobre todos sus sembradíos sin temor de que afectara las cosechas. Esto también redujo la implementación del arado como método de control de maleza.
La controversia alrededor de la información científica provista por la empresa de Bayer creció en 2017, cuando el juez de distrito de Estados Unidos, Vince Chhabria decretó la desclasificación de los llamados “Monsanto Papers”. En los documentos obtenidos había evidencia suficiente para comprobar que la empresa de transgénicos alteró las pruebas científicas que avalan la seguridad de sus productos.
De acuerdo con un estudio publicado por la California State University, gran parte de los estudios científicos alrededor del glifosato son, por lo menos, dudosos.
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