
A través de videoconferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobierno capitalina, dio a conocer el informe de casos de coronavirus dentro de centros penitenciarios de la Ciudad de México.
La funcionaria precisó que se tiene el registro de 73 casos positivos activos de COVID-19 y 54 defunciones por esta enfermedad en los 13 centros que comprende el sistema penitenciario local, correspondientes al 0.27% y 0.2%, respectivamente de un total de 26,431 personas privadas de su libertad.
Al momento, van 1,040 casos acumulados desde que se aplicaron las pruebas, un 3.9% del total de la población. Desde hace tres semanas no se tiene registro de un nuevo fallecimiento por este virus.
A partir del 6 de abril a la fecha, todas las personas privadas de la libertad de recién ingreso a los 13 centros penitenciarios, se les ha aplicado la prueba COVID-19.

En ese sentido, 170 personas permanecen a la espera de los resultados de sus pruebas tomadas ayer y antier. La funcionaria explicó que en cuanto los reciben se van a zonas covid o bien, regresan a sus dormitorios.
A partir del 16 de marzo la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México puso en marcha el protocolo de atención ante el COVID-19. Del 6 de abril al 12 de julio, se aplicaron 4,607 pruebas COVID a personas de recién ingreso.
Con ello, se instalaron filtros permanentes de salud e higiene para el acceso a los reclusorios con toma de temperatura y gel antibacterial. Además se llevan a cabo tres jornadas de sanitización en dormitorios, aduana de personas, áreas comunes, talleres, cocinas y vehículos de traslado de internos.
Además, se trabajó para sensibilizar a la población penitenciaria, a fin de que hablara con sus familiares y así evitar el ingreso de personas adultas mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, de manera que se entregaron computadoras en todos los centros para que las personas privadas de la libertad pudieran comunicarse con sus familias a través de videollamadas.

De igual manera, Rodríguez indicó que en todos los centros existen zonas COVID, es decir, áreas especiales para la atención de los casos sospechosos y positivos de COVID-19.
Dichas áreas cuentan con camas y se procura que haya una separación entre las personas de, por lo menos, un metro, con ventilación, limpieza y desinfección, baño independiente del resto de la población, así como lavado con agua, jabón y toallas de papel y/o solución a base de alcohol.
Para el traslado de personas privadas de la libertad hacia hospitales se cuenta con siete ambulancias de alta especialidad, operadas por personal calificado y certificado para su atención; a partir del 12 de mayo tiene presencia permanente.
Asimismo, la secretaria recordó que desde el pasado 21 de abril se implementaron brigadas de limpieza conformadas por internos a los que se les otorga una pequeña cantidad por realizar el aseo tres veces al día a las instalaciones del centro.

Dichas brigadas están conformadas por 20 internos que llevan a cabo la limpieza con agua clorada de pisos, muros, pasillos, baños, etc. Rodríguez mencionó que la Comisión de Derechos Humanos (nacional y local) ha tenido la oportunidad de supervisar estas limpiezas.
Finalmente reconoció el esfuerzo de las personas privadas de su libertad al llevar debidamente las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y el aseo.
“En la mayoría de los casos puedo decir que el número más grande de personas que usan cubrebocas está en los centros penitenciarios, si no, ya hubiera ocurrido una desgracia”, afirmó Rosa Icela.
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