El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció 3,246 millones de pesos en publicidad oficial en 2019, equivalente a una tercera parte de lo ejercido en el primer año de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sin embargo, mantiene prácticas discrecionales y opacas en la asignación del gasto en esta materia, de acuerdo con un análisis de las organizaciones Artículo 19 y Fundar.
Indicaron que en el contexto de pandemia por COVID-19 es fundamental que el gobierno informe oportunamente a la población sobre las campañas y acciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica a través de la publicidad oficial.
Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, que publica la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron 5,212 millones de pesos para publicidad oficial. Sin embargo, de acuerdo con las cifras definitivas del sistema, el gobierno federal gastó durante 2019 un total de 3,245 millones de pesos, dejando de ejercer cerca de 2,000 millones de pesos.
Señalaron que si bien, el monto ejercido el año pasado representa alrededor de una tercera parte del gasto hecho durante el primer año de Peña Nieto (9,632 mdp) y poco más de la mitad de Calderón (7,381 mdp), “preocupa que se mantengan las malas prácticas al momento de ejercer este gasto”.
Artículo 19 y Fundar afirman que la ausencia de reglas claras para la asignación y distribución de la publicidad oficial es un tema pendiente en la agenda del presidente López Obrador.
Del total del monto erogado en 2019, cinco de 564 medios de comunicación concentran el 40% de los recursos, es decir, poco más de 1,253 millones de pesos, lo que significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose.
Asimismo, de las 117 instituciones del gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres de ellas concentraron el 67%, es decir, poco más de 2,170 mdp y son: la Secretaría de Gobernación (34%), IMSS (21%) y Pronósticos para la Asistencia Pública (12%).
Precisaron que de igual forma preocupa la falta de planeación del gasto ya que puede derivar en la ineficiencia y también, aleja los contenidos publicitarios de aquellos de interés general.
“Precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, en donde la salud y la economía de las personas se encuentra en desbalance, es el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo”, dijeron.
“En este sentido, es importante que el gobierno planee de manera estratégica el gasto de publicidad oficial a fin de que la comunicación social logre acompañar a los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para su bienestar y desarrollo”, completaron.
Las organizaciones señalaron que el gobierno federal y el titular del ejecutivo deben tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de la población a estar debida y oportunamente informada, recordando que la correcta regulación de la publicidad oficial es hoy más que nunca necesaria.
“Desde Artículo 19 y Fundar hemos insistido en la necesidad de abrogar la actual Ley General de Comunicación Social y dar pie a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas, principalmente a través de la definición de criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta; así como de mecanismos de planeación”, finalizaron.
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