La Secretaría de la Función Pública (SFP) tuvo que despedir a más de 100 funcionarios en 2019, quienes ocupaban puestos que van desde un Jefe de Departamento hasta el Director General.
Y es que, pese a que estos servidores pueden tener derecho a permanecer en el cargo, la SFP tomó la decisión de prescindir de las labores de 169 trabajadores, con un costo para el erario de 47.5 millones de pesos.
Dichos cambios son parte del llamado plan de austeridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio del 2018, poco después de ganar las elecciones.
Cabe recordar que el recorte de personal ha ocurrido también en varias dependencias como: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (Ssa), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el periódico Reforma, los integrantes del Servicio Profesional de Carrera son los únicos servidores públicos para los que la Secretaría de Hacienda previó una partida presupuestal para compensar su salida.
Según las investigaciones, tras el cambio de administración muchos de los puestos que ocupaban los ahora ex funcionarios desaparecieron, fueron cambiados de adscripción o se les presionó para que dejaran el empleo.
El ex director general adjunto de Planeación, Seguimiento y Evaluación fue de las personas con un mejor pago, pues recibió al menos un millón de pesos en mayo pasado.
Luego le siguió el director "A" de Recursos de Revisión, a quien le fueron entregados 612 mil 448 pesos, y un director "A" de Análisis, a quien se le entregó con 600,000 pesos.
La compensación que tuvo cada uno de los 169 servidores públicos separados fue de 281,000 pesos.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal establece que los servidores públicos que pertenezcan al sistema tienen derecho a recibir una indemnización cuando sean despedidos injustificadamente.
En enero del año pasado, Hacienda giró un oficio a todas las dependencias y entidades del Gobierno federal para informarles que el pago de la liquidación a ese personal se haría con base en la partida 15202 “Pago de liquidaciones”, prevista en el plan presupuestario R-066 “Programa de Separación Laboral”.
En 2018 cerca de 2,000 empleados del Senado de la República, es decir, a 64% de la plantilla, fueron liquidados.
Como parte de las medidas de austeridad, también la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) despidió a 90 trabajadores en ese mismo año.
Además, en diciembre de 2018 el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la reducción de personal sin precisar el número.
Pero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tampoco estuvo librado, y en enero de 2019 anunció que más de dos mil trabajadores fueron liquidados.
Así como más de 3,000 empleados de la Cámara de Diputados y el 30% de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública.
En mayo de 2019, decenas de empleados del ISSSTE denunciaron despidos injustificados.
Más de 6,000 agremiados al Sindicato del ISSSTE exigieron frenar los despidos e incluso se manifestaron en varios estados.
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