Incendios forestales en la Patagonia: el fuego arrasó más de 31 mil hectáreas, según un informe

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 los bosques andinos de la Patagonia argentina fueron escenario de incendios forestales de una magnitud sin precedentes en las últimas tres décadas.

Según un informe realizado por Greenpeace mediante el procesamiento de imágenes satelitales y trabajo de campo, el fuego afectó 31.722 hectáreas de esta región, lo que cuadriplica el área registrada durante el mismo período del año anterior.

Los bosques andino-patagónicos abarcan una superficie aproximada de 3 millones de hectáreas en el país, y se extienden por más de 2.000 kilómetros desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego, con un ancho variable de hasta 300 kilómetros, de acuerdo al relevamiento. Constituyen una de las últimas reservas de bosques templados con baja alteración humana y elevada biodiversidad.

El trabajo identificó como principales focos a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, con episodios devastadores dentro de parques nacionales, interfaces urbano-forestales y zonas rurales. La organización advierte que el fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, está vinculado con la acción humana y con una crisis climática que es subestimada. Además, destacaron que, de no tomar las medidas necesarias, los bosques podrían sufrir un daño irreversible.

El trabajo documentó que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron 11.782 hectáreas de bosque en Neuquén, 10.218 en Río Negro y 9.722 en Chubut. En comparación, la temporada anterior había cerrado con un total de 7.747 hectáreas incendiadas en toda la zona.

Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, lo resumió con contundencia en diálogo con Infobae: “Mediante el procesamiento de imágenes satelitales, pudimos detectar que durante la última temporada de primavera-verano, el fuego arrasó con casi 32 mil hectáreas de bosques Andino Patagónicos en Argentina. Esto implica que la superficie afectada es cuatro veces mayor que la del año pasado. Además, significaron los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región”.

Las áreas más afectadas fueron, entre otras, el Parque Nacional Lanín en Neuquén; el Parque Nacional Nahuel Huapi y Mallín Ahogado en Río Negro; y el Parque Nacional Los Alerces y Epuyén en Chubut. Los incendios se extendieron incluso hasta zonas urbanizadas, lo que afectó viviendas y generó desplazamientos forzados.

En particular, el fuego que azotó en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, además de los destrozos, provocó la muerte de un hombre que residía en la localidad.

La metodología empleada por Greenpeace para el relevamiento combinó tecnología satelital, algoritmos y verificación territorial. El relevamiento se hizo con imágenes de los satélites Landsat 8 y 9, procesadas mediante un programa de clasificación entrenado con 7.000 puntos georreferenciados, es decir, ubicaciones precisas utilizadas como referencia para distinguir áreas quemadas y no quemadas. El equipo técnico contó con el apoyo del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la Universidad de Buenos Aires.

Así lo detalla Giardini: “Lo que hacemos nosotros es un procesamiento de imágenes satelitales junto al IFEVA. Entrenamos un algoritmo para identificar incendios sobre imágenes, descartamos áreas previamente quemadas y contrastamos todo con mapas de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”. La validación de campo y el cruce con focos térmicos confirmados por FIRMS (el sistema de información de incendios de la NASA, que detecta anomalías térmicas mediante satélites en tiempo casi real) permiten limpiar errores y establecer cifras confiables.

El 95% de los incendios forestales en los bosques andino-patagónicos se inicia por acción humana, según estimaciones oficiales y datos divulgados por Greenpeace. Giardini insiste: “Se estima que el 95% de los incendios forestales se inicia por causas humanas, ya sea accidentes o negligencia. Por ello, es clave un mayor trabajo en la prevención y un aumento considerable de los brigadistas y la infraestructura para el combate temprano del fuego, tanto a nivel provincial como a nivel nacional”.

Las causas más frecuentes incluyen fogatas mal apagadas, colillas de cigarrillo, prácticas rurales inadecuadas como el uso del fuego para limpiar pasturas, y abandono de tierras. A eso se suma un contexto de sequías extremas, baja humedad, temperaturas que superaron los 30 grados en zonas de montaña y vientos fuertes que aceleraron la propagación de las llamas.

Este escenario está directamente vinculado al impacto creciente del cambio climático. Este fenómeno global tiene incidencia sobre la prolongación de sequías, aumento de olas de calor y frecuencia de tormentas eléctricas. Según Greenpeace, la falta de preparación ante esta nueva realidad revela una subestimación sistemática de la crisis ambiental.

Por su lado, Javier Grosfeld, biólogo del CONICET, advirtió que “el sistema en general es muy efectivo en poder atender los focos que se presentan prácticamente en el 98 o 99% de los incidentes. El problema se da en estos grandes incendios forestales (GIF) que superan la capacidad operativa de cualquier sistema”.

Las consecuencias de los incendios no se limitan a la pérdida visual del paisaje. El impacto sobre el equilibrio ecológico es profundo y muchas veces irreversible. “Hay, además, una pérdida del hábitat, obviamente para la propia fauna. Hay un desequilibrio en lo que tiene que ver con los ecosistemas linderos, que puede darse por el desplazamiento de los animales por el fuego de un lado al otro”, señaló Giardini durante la presentación del informe. También advirtió sobre la “degradación de los suelos y la posibilidad futura de erosión a partir de haber perdido el bosque que funcionaba como una esponja protectora”.

Las especies vegetales más perjudicadas son aquellas que no tienen capacidad de rebrote frente al disturbio del fuego, como la lenga, el ciprés y el coihue. La introducción de pinos exóticos en la zona complica aún más la situación, ya que ocupan rápidamente el terreno quemado, inhiben el desarrollo del bosque nativo y aumentan la inflamabilidad del entorno, de acuerdo a los expertos. “Precisamos un plan de erradicación de los pinos exóticos, ya que estos aumentan el riesgo de los incendios y perjudican la recuperación de los bosques que fueron quemados”, remarcó Giardini.

En los últimos años, el avance del fuego mutó hacia lo que los especialistas denominan incendios de quinta, sexta y séptima generación. Los de quinta generación se caracterizan por múltiples frentes activos simultáneos que desbordan la capacidad de respuesta; los de sexta alteran las condiciones meteorológicas locales, ya que generan sus propios vientos y tormentas; y los de séptima, los más extremos, logran introducirse directamente en zonas urbanas densamente pobladas. Este último caso, que ocurrió en regiones como California o Valparaíso, comenzó a observarse en la Patagonia argentina.

Los incendios forestales de esta temporada no solo destruyeron grandes extensiones de parques nacionales, sino que también alcanzaron zonas urbanizadas, especialmente aquellas que se entremezclan con el bosque conocidas como interfaz urbano-bosque. Mallín Ahogado y Epuyén fueron dos de los casos más graves. En esas áreas, el fuego arrasó con casas y dejó pérdidas humanas.

“Y los ocurridos en Mallín Ahogado, en Río Negro, y en las cercanías a El Bolsón, como en Epuyén, en la provincia de Chubut, que afectaron numerosas viviendas, implicaron un daño no solo a la biodiversidad, sino también a la población”, sostuvo Giardini.

La situación se agrava por el crecimiento desordenado de zonas de interfaz urbano-bosque, como en Bariloche y Villa La Angostura, donde los riesgos de incendios de séptima generación están cada vez más presentes, repasaron los autores del informe.

“La cantidad de brigadistas e infraestructuras que se tiene sigue siendo escasa frente a una crisis climática que nos puede llegar a generar una situación de manta corta”, advirtió Giardini.

En palabras de Grosfeld, “no tomar ninguna decisión también es una decisión. Lo que sucede es que se invierte más en apagar incendios que en prevenirlos. Y la prevención, en relación costo-beneficio, es mucho más eficiente”. Además, ambos expertos resaltaron la necesidad de incluir la penalización legal de los delitos ambientales como herramienta disuasiva, ya que el sistema de multas económicas vigente resulta ineficaz.

Entre las herramientas, Grosfeld destacó la silvicultura preventiva, una técnica que permite reducir el volumen de material combustible, como ramas secas o vegetación invasora, antes de que se convierta en un riesgo. Esto no solo disminuye la intensidad de los incendios, sino que también puede generar insumos útiles como leña o chips de madera, aunque aún no existen proyectos desarrollados a escalas significativas en la región.

Por otro lado, sobre cómo se distribuyen las tareas, tal como explicaron durante la presentación, las provincias son formalmente responsables de los recursos forestales dentro de su territorio, pero dependen de la asistencia del Gobierno nacional para acceder a medios aéreos, equipos y fondos operativos.

Giardini remarcó que si el incendio se produce “en una zona que es de la provincia, la responsable es la provincia. Nación solo puede intervenir si se le solicita asistencia”. Este modelo reactivo podría enfrentar desafíos si ocurren múltiples incendios en simultáneo, según remarcaron.

También se destacó la importancia de contar con modelos de propagación del fuego, herramientas que permiten anticipar el comportamiento de un incendio según las condiciones meteorológicas y la topografía. De esta manera se puede indicar si es viable intervenir, en qué momentos o zonas, o si el avance del fuego es incontrolable y conviene resguardar recursos. Como explicó Grosfeld, “una vez que lo detectamos, podemos modelar cómo se va a comportar ese incendio en distintos escenarios y saber si tiene sentido intervenir o si no hay nada que hacer”.

Según los especialistas, se requiere una política de financiamiento estable y sostenida en el tiempo, con leyes específicas que aseguren recursos para la prevención y restauración, como sucede con la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331).

Para estos expertos, una política forestal moderna debería incluir planes de silvicultura preventiva, recolección de leña y reducción de biomasa en zonas de interfaz.

Entre las medidas planteadas por Greenpeace y especialistas en manejo forestal se destaca la necesidad de fortalecer la prevención con campañas educativas dirigidas tanto a residentes como a turistas, especialmente en municipios rodeados por bosques. También se requiere aumentar el número de brigadistas y mejorar la infraestructura para el combate temprano de incendios.

Además, proponen implementar un plan de erradicación de pinos exóticos, cuya proliferación favorece la expansión del fuego y dificulta la regeneración del bosque nativo. Finalmente, los expertos insisten en que es imprescindible establecer mecanismos legales de penalización para quienes destruyan intencionalmente los bosques.