
Expertos en seguridad consideran que el cese al fuego con cinco organizaciones criminales y armadas que anunció el presidente Gustavo Petro para la primera mitad del año, deberá aclarar qué delitos se dejarán de cometer y conducir hacia una tregua “multilateral” con el fin de reducir el impacto de la violencia en los territorios.
El cese al fuego con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada pretende, según el Gobierno nacional, suspender la afectación humanitaria de la población en general y los territorios más azotados por la violencia en el país.
Así mismo, desde la Presidencia de la República señalaron que para los pactos de cese de la violencia, el Gobierno expedirá un decreto específico por cada una de las organizaciones, donde se determinará la duración y las condiciones de dicho cese del fuego.
Por ejemplo, el analista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señaló que “no se sabe si el cese del fuego con el gobierno incluye el cese de todas las actividades criminales (narcotráfico, extorsión, minería ilegal, contrabando, amenazas, etc) del ELN, las disidencias, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada”. En referencia a una entrevista del director de la Policía, general Henry Sanabria, en la que señalaba que el narcotráfico y el tráfico de armas eran dos de los principales problemas de seguridad en la actualidad.

Jaime Fajardo Landaeta, analista en conflicto, señaló a Teleantioquia que es importante establecer los puntos en los que se encuentran los grupos armados y la fuerza pública, que el aspecto que debe seguir al pacto de cese de agresiones. Señaló que la estrategia, por lo que ha podido conocer, no se está improvisando.
“Ahora es necesario sentarse con expertos que conozcan el tema, que hayan tenido participación en otros procesos, para generar los mecanismos de control y la política encaminada a garantizar que se cumpla el cese al fuego. Eso no es fácil, la gente cree que es calmar los fusiles y no. Hay que generar perímetros de concentración de la fuerza, dónde va a estar la tropa del ejército, de la guerrilla, de los otros grupos que firman la tregua bilateral”, sostuvo el exasesor de paz de Antioquia al canal público del departamento.
Para el director de Indepaz, Camilo González Posso, el cese al fuego bilateral entre los grupos armados y la fuerza pública es clave para reducir las afectaciones en cerca de 350 municipios del país, debido a que más de 15.000 efectivos en armas (por cálculos conservadores) dejarán de enfrentarse a las fuerzas del Estado.
Sin embargo, señala que debe conducir a un cese multilateral por cuanto solo en lo que lleva el actual gobierno se han registrado 70 choques entre estructuras armadas ilegales que dejan afectaciones en la sociedad civil donde se enfrentan. Una cifra mayor que los hostigamientos a la fuerza pública de los cuales se cuentan 50 en el mismo periodo.
La orden de suspender las acciones ofensivas por parte de la fuerza pública ya se dio, según confirmaron los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Alfonso Prada, a medios de comunicación. Aunque no hay una zona de concentración de los grupos armados, afirmó el jefe de la cartera militar a W Radio, sí hay unas coordenadas donde se establecerán los mecanismos para que no se desarrollen enfrentamientos, pero se prevenga la comisión de delitos.
“Lo que esperamos es que haya una respuesta en los territorios que permita recuperar un espacio humanitario para que se respete la vida, la vida de los líderes sociales, la vida de las comunidades, en general, y naturalmente que se respete la vida de nuestros soldados, nuestros miembros de las Fuerzas Militares”, señaló por su parte el ministro Prada a Noticias Caracol.
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