En Bogotá, director de la llamada ‘casa del terror’ fue llamado a juicio por actos de tortura

En el occidente de Bogotá, en la Fundación Resurgir a la Vida, el creador y varios funcionarios de la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) fueron llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación por actos de tortura y tratos crueles en contra de los jóvenes que fueron internados en el lugar en busca de apoyo frente a sus problemas de drogadicción, alcoholismo y otras adicciones.

El ente investigador aseguró en un documento que, por oden de Kaime Masmela García, quien registraba como director y representante de la IPS, en el barrio Normandía, los trabajadores aislaban, humillaban, golpeaban y les suministraban medicamentos no avalados a los pacientes, con el fin de controlarlos y mantener la disciplina dentro de la casa.

De igual manera, la fundación no contaba con el personal calificado para tratar las adicciones y adelantar procesos de resocialización y reinserción social para los jóvenes que estaban internados por sus padres en ese momento. En la investigación de la Fiscalía encontraron dentro del personal a un ingeniero civil y entrenadores de educación física.

En enero del presente año se conoció que con el fin de evitar que los jóvenes contaran a sus familiares la situación que estaban viviendo dentro de la casa, fueron aislados, amenazados, torturados y hasta drogados.

Durante los operativos de allanamiento adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con apoyo del Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se encontaron pistolas eléctricas y manillas para la inmovilización de las víctimas.

Desde el registro de ingreso a la Fundación los actos de tortura habrían iniciado, cada interno fue desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas; era la metodología para “limpiarles las impurezas”. Adicional a esto, a los padres de familia les pedían el pago de mensualidad, la entrega de elementos de aseo y ropa, las cuales nunca fueron entregadas a los pacientes, quienes duraban semanas con la misma ropa y sin acceso a los baños.

Asimismo en el lugar no existía la posibilidad de espacios al aire libre, había hacinamiento, y eso ocasionó que algunos jóvenes se enfermaran. Y frente a esta situación, tampoco recibieron una atención médica oportuna.

En cuánto a los internos, los jóvenes con problemas de obesidad y aquellos que tenían una orientación sexual diferente sufrían tratos humillantes, lo que afectó gravemente su integridad personal. Según los testigos se sometían a actos de tortura, burlas sistemáticas, y aislamiento.

Por ejemplo, los internas que estaban en el programa para bajar de peso, eran “asegurados con cuerdas durante el almuerzo o la cena para que vieran a sus compañeros alimentarse”. Mientras tanto, las personas con una orientación sexual diferente eran amenazadas para que se “reintegraran” a la sociedad, una suerte de “terapia de conversión”, a todas luces ilegal.

“En el instituto me quitaron la ropa, me dejaron obligado, no me dejaban hablar con mi familia, no permitían ir al baño a los compañeros con el lema que están haciendo respetar el hogar. Los facilitadores los amarraban a la cama con cordones, los amarraban a las sillas y les tiraban baldes de agua fría y castigos como estar de plantón toda la noche. Lo peor es cuando me dicen que no iba a volver a ver a la familia. Todo lo supervisaban, cartas llamadas y visitas”, relató una de las vícitmas en diálogos para Semana.

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