24 años de cárcel para dos miembros de una organización radical mapuche chilena

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (630 kms al sur de Santiago), sentenció este lunes a 24 años de cárcel a Miguel Llanquileo Cona y Eric Montoya Montoya, miembros de la organización radical mapuche Weichan Auka Mapu (WAM), tras acreditarse su participación en varios ataques entre 2020 y 2022 en las regiones de Bío Bío y La Araucanía.

Ambos fueron sorprendidos por Carabineros en la localidad cercana de Tirúa, el 16 de diciembre de 2023, arriba de un vehículo robado con un verdadero arsenal de guerra compuesto por granadas de uso militar, subametralladoras y carabinas, amén de más de 500 cartuchos y dos lienzo alusivos a la causa mapuche.

De acuerdo al fiscal Danilo Ramos, los peritajes balísticos permitieron acreditar el uso de una de las subametralladoras en varios atentados ocurridos en ambas regiones.

“Y las granadas, por cierto, eran de fabricación nacional, de la empresa Famae, y habían sido entregadas a una unidad militar en la primera región”, detalló.

“Respecto de la subametralladora que formaba parte de uno de los elementos incautados, a través de las pericias que fueron practicadas por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, se determinó que presentaba coincidencia desde el punto de vista balístico en cuanto dicha arma fue utilizada en al menos siete atentados de diversas características ocurridos desde el año 2020 hasta el 2022“, agregó el persecutor.

En el desglose, la pena de 24 años para cada uno se divide en 20 años de cárcel “por diversas infracciones a la ley de armas y otros cuatro años por el delito de receptación, ya que el vehículo en el que fueron encontrados tenía orden por encargo por robo”, remató Ramos.

Cabe señalar que un análisis elaborado por el Observatorio Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello arrojó que los ataques adjudicados a grupos radicales mapuches activos en la llamada Macrozona Sur -que comprende las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, han disminuido considerablemente en los últimos tres años desde que se instauró el Estado de Excepción que implicó la presencia de militares en la zona.

A pesar de ello, el balance también reveló que han surgido nuevos grupúsculos, sobre todo desde la golpeada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo líder Héctor Llaitul fue condenado a 23 años de presidio, mientras que sus hijos Ernesto y Pelantaro arriesgan hasta 60 años de cárcel imputados por diversos delitos en causas separadas.

De acuerdo al análisis, en los últimos tres años delitos como ataques incendiarios, “recuperaciones” de fundos y terrenos y asaltos a camiones disminuyeron en un 37,3%, pasando de 2.462 denuncias a 1.638.

En detalle, diez son las comunas que concentran el 66% de dichos delitos, siendo la de Collipulli la mas afectada (318 hechos de violencia, un 13%), seguida de Ercilla (309, un 12%); Cañete (256) y Victoria con 231.

El informe también consignó que a pesar de que las FF.AA han logrado disminuir el número de hechos violentos y la justicia ha desbaratado y debilitado bandas orgánicas, nuevas organizaciones han aparecido en su reemplazo y desde sus mismas cenizas.

El caso mas ejemplificador es el de la CAM, la mas grande, que redujo de 67 a 56 sus ataques (-16%) al igual que la Weichan Auka Mapu (WAM) y el Movimiento de Liberación Nacional Mapuche (LNM), que disminuyeron su actuar en un −38% y −28%, respectivamente.

En la otra vereda, la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), enquistada en el álgido sector de Temucuicui, aumentó en un 179% sus delitos subiendo de 19 a 53 en pleno Estado de Emergencia, convirtiéndose en el grupo radical con mayor preponderancia a la fecha.

Tocante a los nuevos grupos que han ido apareciendo, el estudio identificó cuatro organizaciones aparecidas estos últimos tres años, aunque con una actividad delictiva aún en ciernes: la Resistencia Mapuche Pehuenche (3 adjudicaciones); Resistencia Mapuche Cautín (3 adjudicaciones); la Resistencia Kunko-Williche (2 adjudicaciones) y la Resistencia Mapuche Autónoma (2 adjudicaciones).

El estudio titulado “Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur (2022-2025): evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno”, concluyó que el Estado de Emergencia ha permitido disminuir significativamente los hechos de violencia en la Macrozona Sur (-37,3%), bajando los homicidios en un 55% e incendios en un 39%, aunque consigna que algunas comunas como Ranco y Osorno han sufrido inéditos ataques, producto de la relocalización de estos grupos.

“El Estado de Emergencia es una medida que, pese al rechazo inicial de ciertos sectores, sin lugar a duda ha servido para reducir sustantivamente los hechos de violencia y terrorismo en la Macrozona Sur evidenciando que, en las zonas con mayor presencia del Estado, más efectividad existe”, cerró Pablo Urquízar, coordinador del informe.