Un vocal electoral de Bolivia reveló que muchos actores políticos “amenazan” al Tribunal Supremo de cara a los comicios presidenciales

A pesar de que las elecciones nacionales en Bolivia han sido convocadas para el 17 de agosto y el calendario electoral está en marcha, existe un creciente sentimiento de incertidumbre por la continuidad del proceso con el que se renovará a las autoridades nacionales. Existen razones de sobra: la última elección de jueces se retrasó por un año debido a fallos judiciales que postergaron una y otra vez el proceso, y finalmente se celebraron de manera parcial porque a último momento unos jueces declararon “desierta” la convocatoria en cinco regiones y con esa acción lograron prorrogar indefinidamente sus mandatos.

Con esos antecedentes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha pedido que se apruebe una ley que ratifique el principio de preclusión para “blindar” la votación presidencial, pero se ha topado con un muro de indiferencia en la Asamblea Legislativa.

Los primeros escollos surgieron apenas se lanzó la convocatoria: un diputado presentó una acción de inconstitucionalidad para que se incluya la paridad de género en los binomios presidenciales y se anunciaron otros dos recursos judiciales relacionados a la participación electoral de los pueblos indígenas, que podrían generar retrasos en el calendario.

No son pocos los analistas que advierten que la democracia puede estar vez bajo el fuego cruzado de los intereses políticos. En ese contexto, Infobae conversó en exclusiva con Gustavo Ávila, vocal del TSE, sobre los obstáculos que amenazan la continuidad del proceso, los escenarios que se plantean y otras cuestiones vinculadas a una elección que puede marcar un punto de inflexión en la dirección de la política boliviana de los últimos 20 años.

-Se han anunciado recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional que despiertan temor en la población por la posibilidad de que se postergue la votación. ¿Cuál es el riesgo de que estas acciones legales obstaculicen el proceso?

-Hasta el momento solo hay una acción de inconstitucional presentada por el ex presidente de la Cámara de Diputados. Hemos visto que no solicita medidas cautelares, al contrario, aclara que no se debe paralizar el proceso, sino simplemente ordenar que se incluya la paridad en los binomios. Nos llama la atención porque el año pasado el TSE mandó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para incluir la paridad en los binomios y no ha sido considerado.

Muchos actores políticos amenazan al TSE con presentar acciones de todo tipo. Las dos acciones que se anuncian están relacionadas con la participación de pueblos indígenas en las elecciones nacionales, la intención es equiparar a un pueblo indígena con un partido político para poder presentar candidaturas a presidente, vicepresidente y legisladores. Sin embargo, la ley es clara, ellos solo pueden participar en el nivel regional.

-Esta acción judicial y los anuncios que menciona fueron presentados una vez que se lanzó la convocatoria electoral. ¿Por qué cree que no lo hicieron antes?

-Lo atribuyo a un mal del boliviano que hace todo a último momento. Los parlamentarios tuvieron cinco años para legislar todo esto y no lo han hecho.

-¿No cree que hay intereses políticos por detrás?

-En el tema de la paridad no, hay plataformas de derechos que exigen esto desde hace tiempo y es lo correcto. En el caso de los pueblos indígenas sí lo veo como algo político.

-Usted mencionó “muchos actores políticos amenazan al TSE”, ¿puede explicar a qué se refiere?

-Me ha sorprendido que las amenazas de políticos de recurrir al TCP han crecido, cualquier político que se siente afectado, amenaza con recurrir al TCP sin medir el riesgo que puede tener esto. El tema de las organizaciones indígenas o de la partidad se podía modificar en la Asamblea Legislativa en una tarde, ¿para qué recurrir al TCP, al que tanto han criticado? Ya me imagino lo que vendrá después en la fase de habilitación de candidatos. Cuando nosotros inhabilitemos a candidatos que no cumplen la ley, van a recurrir al TCP. Por eso lo queremos alertar en este momento, que la ciudadanía sepa.

-El Tribunal Electoral ha pedido que se apruebe una ley para blindar las elecciones, ¿no basta con que el principio de preclusión ya esté establecido en la ley electoral?

-Está escrito como un principio general. En el proyecto de ley que hemos remitido, hemos puesto que ninguna resolución del Órgano Judicial, de una sala constitucional o del mismo TCP puede modificar plazos electorales. Hemos querido blindar esto a consecuencia de lo que ha pasado con las judiciales. La ley actual solo dice dice que las etapas de la votación no se revisan ni se repiten y, dada la experiencia, queremos normar para que ninguna autoridad pueda entorpecer el proceso electoral.

-¿Cree que hay falta de voluntad política?

-Definitivamente. La Asamblea Legislativa ha demostrado que no tiene la voluntad de aprobar ninguna ley que ha presentado el TSE.

-Dado que la ley electoral puede ser vulnerada, como demuestra la experiencia de las judiciales ¿podría ocurrir lo mismo en esta votación, es decir que se posterguen o celebren de manera parcial?

-Yo no creo que la ciudadanía acepte que se suspendan las elecciones, se paralicen o se lleven elecciones parciales. Eso no lo va a perdonar el ciudadano. Veo muy difícil que el TCP pueda tomar una determinación en el sentido de paralizar las elecciones o hacerlas parciales.

-Pero si el TCP les ordena paralizar el proceso, ustedes lo tienen que acatar. ¿No es así?

-Nosotros hemos sido muy criticados por convocar a una reunión al TCP, pero yo creo que ha sido algo saludable porque en esa reunión se han comprometido a no vulnerar el principio de preclusión y ahora están ante una prueba de fuego. Vamos a ver si cumplen su palabra de cuidar el proceso electoral y respetar el calendario.

-Pasando a otro tema, entre los acuerdos a los que se llegó en los encuentros con el Gobierno y los partidos políticios para garantizar las elecciones nacionales, se determinó que las universidades autoricen la revisión del padrón. ¿Qué recaudos se está tomando para proteger los datos personales de la ciudadanía?

-Estamos haciendo un protocolo para que se haga con una cadena de custodia, los encargados van a trabajar en los ambientes del TSE, no se les va a entregar los datos, pero van a poder trabajar el tiempo que consideren necesario. Ningún estudiante va a poder entrar con celulares o dispositivos para sacar información. En su análisis quieren ver que los ciudadanos inscritos al padrón estén vivos, se les pasarán algunos datos no huellas digitales.

-En los últimos días, han surgido denuncias de gente que aparece inscrita como militante de algún partido, pero que nunca se registró. Según la ley, el TSE tiene que hacer una revisión de los libros de militantes, ¿no verificaron la autenticidad de los registros?

-Hasta el año pasado, los partidos políticos que querían tener personería jurídica o aumentar sus militantes llenaban unos libros, donde firmaban y ponían su cédula. A partir del año pasado hemos dispuesto que deben hacerlo a partir de la biometría, y con eso hemos eliminado los casos de falsificación.

-¿Antes no revisaban?

-Solo se chequeaba la hoja donde estaba la firma y se la comparaba con el padrón, y se veían idénticas, ese era el problema. Muchos ciudadanos han denunciado ese hecho, por eso hemos cortado el tema de los libros, ahora solo es con biometría.

-Uno de los que hizo la denuncia es el precandidato de ADN, Jaime Dunn que aparece como militante del Movimiento Al Socialismo…

-Hemos dispuesto que se haga una investigación con expertos dactiloscopistas para determinar si hubo falsificación. Lo que nos llama la atención es que él aparece como militante desde el 2018, pero el sistema reporta si una persona está inscrita o no. Desde entonces él no hizo nada para eliminar ese registro, es algo nos causa duda y lo estamos investigando.