Los seguidores de Evo Morales están en apronte en la región cocalera del país ante los crecientes rumores de su inminente aprehensión.
En las últimas horas, integrantes de la Federación de Interculturales Chimoré participaron en operativos de rastrillaje de hoteles junto a funcionarios de la Intendencia Municipal de Villa Tunari (Cochabamba) para verificar la presencia de “personal de Inteligencia del Gobierno”, según manifestó Maicol Rojas, dirigente de la federación.
Rojas, en contacto con Radio Kawsachun Coca, indicó que tienen información de un supuesto plan para atentar contra la seguridad de “autoridades locales y nacionales” y que los operativos tienen por objetivo verificar la presencia de gente llegada para ese fin y dar certidumbre a la población. “No garantizamos la seguridad de las personas que estén con intenciones de causar un completo caos en nuestro municipio”, amenazó.
La requisa de hoteles generó reacciones en el país. El presidente de la Cámara Hotelera de Cochabamba, Tito Navia, cuestionó el operativo y anunció acciones legales por la “vulneración” a la propiedad privada. “La Cámara Hotelera (…) va a asumir la responsabilidad legal para denunciar ante las autoridades competentes. Esta situación pone en alto riesgo a nuestros turistas nacionales e internacionales, qué tal sin un policía o militar está de paso en el trópico cochabambino y utiliza un centro de hospedaje”, refirió.
Un operativo similar se realizó en el municipio de Shinahota. La ejecutiva de la Federación Única de Centrales Unidas, María Javier, indicó que los controles se realizan para garantizar la seguridad del ex presidente Morales.
“Sabemos que el gobierno de Luis Arce ha enviado a sus sicarios y, por lo tanto, nosotros como dueños de este territorio, como autoridades máximas (tenemos que) brindar seguridad a todos los habitantes de las Seis Federaciones (cocaleras)”, indicó la dirigente en contacto con Radio Kawsachun Coca.
El viceministro de Régimen del Interior y ex comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que estas requisas están al margen de la ley y que nadie puede irrumpir en emprendimientos privados. En declaraciones anteriores, indicó que existe un “anillo de seguridad” conformado por comunarios de la región cocalera para custodiar a Morales pero que, llegado el caso de que la Justicia ordene su aprehensión, ejecutarán estrategias para cumplir con el mandamiento.
En tanto, los funcionarios de la Intendencia que lideraron los operativos manifestaron que se trata de un “control rutinario”, enmarcado en la normativa municipal, para verificar el registro de visitantes y las condiciones de los alojamientos.
Evo Morales está atrincherado en la zona del trópico Cochabamba desde hace tres meses, donde es resguardado por sus seguidores ante la posible aprehensión que enfrenta por la investigación que lo acusa por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Según documentación de la Fiscalía, Morales habría embarazado a una adolescente en el año 2016, cuando era presidente del país.
El 10 de octubre fue citado a declarar pero no asistió a la Fiscalía. Seis días más tarde se emitió una orden de captura que hasta ahora no ha sido ejecutada y que, según sus abogados, fue anulada por un recurso de acción de libertad concedido en una sala judicial de Santa Cruz.
Durante ese tiempo, las investigaciones han continuado. Su audiencia de medidas cautelares fue fijada para el 14 de enero en la ciudad de Tarija (sur) y el juez determinará si el ex mandatario se podrá defender en libertad o bajo prisión preventiva. Sin embargo, sus abogados adelantaron que el expresidente no acudirá. “Ni que fuera tonto para entregarme”, expresó Morales hace algunas semanas en su programa de radio.
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