El inicio del juicio oral contra la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez y los ex líderes cívicos, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, fue suspendido hasta el jueves 17 de octubre por la inasistencia de los acusados, pese a que existía orden judicial para que la Policía los traslade a la audiencia por el caso denominado “Golpe de Estado I”. La sesión debía iniciar las 09:00 (EST) en la ciudad de La Paz.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, había informado la semana pasada que estaban alistando el operativo para llevar a los imputados a la audiencia. “Lo que estamos haciendo es ver todos los aspectos para que no haya ningún tipo de riesgo en el momento del traslado o de que se lleve (a cabo) la audiencia”, manifestó en declaraciones a la prensa.
La logística implica llevar a los acusados al acto judicial desde tres cárceles distintas. Añez está recluida de manera preventiva por este caso en el penal de Obrajes, en La Paz, desde marzo de 2021, donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Luis Fernando Camacho está en Chonchocoro, en El Alto, desde diciembre de 2022 y Marco Antonio Pumari guarda reclusión en el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí, desde diciembre de 2021.
El caso denominado “Golpe de Estado I” está relacionado a sucesos post electorales que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de acusaciones de fraude electoral y manifestaciones sociales que cobraron fuerza con un motín policial y con la sugerencia de la cúpula militar para que el jefe de Estado renuncie al cargo.
Luis Fernando Camacho comandaba las protestas en Santa Cruz y Marco Pumari en Potosí, que luego se extendieron por todo el país. Tras la renuncia de Morales, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, asumió la presidencia del Senado y luego de la del Estado en sesiones que no cumplieron con los procedimientos legales establecidos.
La investigación se abrió en 2020 a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, que interpuso la querella penal en contra de la expresidenta interina y los dos líderes cívicos, entre otras ex autoridades.
Este domingo por la noche, antes de que se determine la suspensión de la audiencia, Luis Fernando Camacho, se refirió al juicio en una publicación en su cuenta de Faceboook y lo calificó como una “farsa judicial, una venganza y un intento de intimidación, para tratar de sentar un precedente de miedo y evitar que el pueblo se levante nuevamente en contra de los abusos de un gobierno que se ha convertido en una tiranía”.
El ex líder cívico y gobernador de Santa Cruz, agregó que “ningún acto torcido y manipulado, como es este juicio montado por el masismo, ocultará la verdad histórica: el 2019 no hubo golpe, fue un monumental fraude y eso no podrá cambiarse ni olvidarse nunca”.
Juicio ordinario
Varios actores de la oposición han sugerido la anulación de este proceso judicial, luego de que el ex ministro de Justicia, Iván Lima, revelara que se sometió a la ex presidenta a un juicio ordinario -y no de responsabilidades como correspondería por su cargo- por “capricho” de Evo Morales.
Días después el líder cocalero confirmó que la decisión de realizar un proceso ordinario fue política y que se tomó en un encuentro entre autoridades, militantes del MAS y líderes de organizaciones sociales en la localidad de Sacaba (Cochabamba).
Ante esas declaraciones, figuras políticas en Bolivia y organizaciones internacionales de derecha, como el Foro de Madrid, han exigido que sea liberada de los procesos judiciales que consideran una estrategia política para perseguirla y encarcelarla de manera injusta.
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