La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen, aprobó una reforma constitucional que permite quitar la nacionalidad a los nicaragüenses condenados por “traición a la patria”, una figura legal que ha sido usada para perseguir a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega.
La reforma, que modifica el artículo 21 de la Carta Magna, fue votada en segunda instancia en una sesión especial realizada en Ciudad Darío, cuna del poeta Rubén Darío (1867-1916).
La medida establece que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
Esta disposición ya había sido aprobada en primera instancia el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que 222 presos políticos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos, tras ser acusados y sentenciados por “traición a la patria”.
Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones de Managua, afín a la dictadura, ordenó retirar la nacionalidad a esos 222 nicaragüenses, basándose en una “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, aprobada también el 10 de febrero.
Esa ley señala que “las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”.
Además de perder la nacionalidad, los 222 ex presos políticos fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular, y se les suspendieron sus derechos ciudadanos.
El 15 de febrero, otras 95 personas, entre ellas los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el ex guerrillero Luis Carrión, también fueron despojados de su nacionalidad, tras ser imputados por “traición a la patria”, sin haber sido juzgados ni condenados.
Los afectados por esta medida han denunciado que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 20, que no ha sido reformado, garantiza que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Cierre de ONG
El martes, el régimen de Ortega canceló la personería jurídica a 16 organismos sin fines de lucro, incluidos 7 que solicitaron su disolución voluntaria, y del total 10 son católicas y/o evangélicas.
La disolución de esas 16 organizaciones no gubernamentales (ONG) fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
De acuerdo con la cartera del Interior, ilegalizaron 9 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, mientras que las otras 7 fueron canceladas por disolución voluntaria.
La entidad argumentó que cerró de forma unilateral esas 9 ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las Leyes que los regulan, y obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Con el cierre de estas 16 ONG, suman más de 3.550 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG ilegalizadas unilateralmente se encuentran la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador, Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, Asociación Misioneros de la Compañía de María, Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración, Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua, entre otras.
(Con información de EFE)
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