Chile: crece la pelea entre el gobierno de Gabriel Boric y las aseguradoras de salud privada

El sistema de salud chileno vive días convulsionados y el riesgo de una debacle por la inminente caída de las aseguradoras privadas, más conocidas como Isapres, se acrecienta. Las instituciones fueron condenadas por la Corte Suprema a pagar más de US $ 1.400 millones por cobros en exceso a sus usuarios, pero según han dicho sus propios representantes están en riesgo de insolvencia y su desaparición del mapa obligaría a que 3,3 de millones de personas se cambien al sistema público -llamado Fonasa- y que se encuentra sobrepasado.

Creadas a inicios por durante la dictadura de Augusto Pinochet, y luego de años de millonarias ganancias, las Isapres entraron en los últimos años en una profunda crisis multifactorial que empujó al gobierno a crear una ley corta para confeccionar un plan de pago de los montos por parte de las aseguradoras y que deberán restituir a las personas con cierta flexibilidad para que no desaparezcan del mapa.

Por cierto, durante la elaboración de la ley hubo negociaciones entre ambas partes y el gobierno definió la naturaleza del proyecto, basada en que los planes de salud se adecuen inmediatamente y entregarles a las aseguradoras un plazo superior a los 36 meses actuales para devolver los cobros excesivos.

“El objetivo del proyecto de Ley es justamente dar cumplimiento a la sentencia de la Corte e intentar dar estabilidad financiera para que no exista esa situación de quiebra. No se está poniendo una lápida al sistema privado de salud”, dijo La ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Sin embargo, y una vez presentado el proyecto y conocidos sus alcances (como que los controladores, dueños o accionistas de las aseguradoras no podrán retirar utilidades hasta que la deuda no sea pagada en su totalidad), la Asociación de Isapres respondió con inusitada dureza y acusó al gobierno de Gabriel Boric derechamente de “engaño”.

“La Corte Suprema mandató un ordenamiento. El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, señaló la Asociación de Isapres.

“La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, indicaron desde las entidades financieras, que también apuntaron a un trasfondo político la respuesta del gobierno.

“La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”, agregó el gremio.

Tras el impacto y cierta sorpresa por la dureza del emplazamiento de las Isapres, el gobierno también optó por responder con firmeza. “Cuando el Gobierno presenta un proyecto de ley para mejorar las condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas, y en esto quiero ser muy categórico, porque el lenguaje finalmente construye realidad, y lo que ha hecho el Gobierno es actuar con responsabilidad respecto a un problema que no generó el propio Gobierno”, dijo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

La vocera Camila Vallejo, en tanto, calificó como una “desfachatez” la respuesta de las Isapres y aseguró que no habrá “espacio para salvatajes” económicos por parte de la autoridad.

“Nos parece una desfachatez, las Isapres no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de las Isapres, hubiéramos mandatado al cumplimiento y aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso”, señaló la ministra.

Dentro del crítico escenario, diversos actores vinculados con el rubro de salud han solicitado que se extienda el plazo del pago. El exministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, propuso un plazo de siete años para la devolución de cobros excesivos, mientras que Emilio Santelices -otro exministro de la cartera-, aseveró que el sistema de las actuales Isapres se agotó y que el país debe pensar en un modelo distinto, como el de un plan universal con participación de seguros privados.

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