Según datos difundidos por el Sindicato de Enfermería (SATSE), la acumulación de las reducciones salariales en el sector sanitario público ha resultado en una pérdida de poder adquisitivo que alcanza hasta el 40 por ciento para quienes trabajan en este ámbito. Esta consecuencia está vinculada directamente con la continuidad de los recortes en las pagas extraordinarias aplicados de manera persistente desde junio de 2010. Tal como informó el medio respecto a las declaraciones sindicales, enfermeras y fisioterapeutas del sistema público volverán a percibir en la próxima paga extra de Navidad un importe inferior al que les correspondería, privándolos de aproximadamente 350 euros respecto al monto legalmente estipulado.
De acuerdo con lo publicado, esta situación no es nueva para los profesionales afectados. SATSE detalló que esta será la trigésima primera ocasión en que estos colectivos ven mermada su paga extraordinaria, ya que el recorte implementado hace quince años persiste sin resolverse. La organización sindical argumenta que la negativa del Ejecutivo español a restituir estos importes eliminados durante la crisis económica sigue generando desigualdades salariales, al tiempo que reclama la devolución total de las cantidades suprimidas.
El origen de la medida se remonta al año 2010, cuando el Gobierno, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, instauró como respuesta extraordinaria a la crisis un recorte en las pagas extraordinarias de los empleados públicos. Según SATSE, ni los ejecutivos posteriores, encabezados primero por Mariano Rajoy y ahora por Pedro Sánchez, han revertido este ajuste, perpetuando la diferencia con el salario reconocido como derecho laboral anterior a ese año. Según los cálculos del sindicato, las reducciones oscilan de 321 euros para quienes cuentan con un trienio trabajado, llegando a superar los 366 euros para quienes acumulan 15 años de antigüedad.
En las reclamaciones recogidas por el medio, SATSE destacó que el recorte en las pagas extras supone una disminución promedio del 27 por ciento respecto a la cuantía original, afectando de forma directa a las remuneraciones de miles de profesionales sanitarios y de otros sectores de empleados públicos. La organización señaló este hecho como una prueba de lo que calificó como una “clara discriminación”, al no haberse restablecido el derecho a percibir la integridad de estas retribuciones extraordinarias.
El sindicato enmarca sus reivindicaciones en la campaña ‘de nuestra extra, que no se coman ni un euro’, cuyo objetivo es incidir en la elaboración de la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado. Según consignó el medio, SATSE busca que este instrumento legal incluya la restitución completa de las pagas extraordinarias recortadas, para poner fin a la reducción salarial que consideraron injusta.
En el marco de estas protestas, el medio reportó que el pasado mes de junio se realizaron manifestaciones en centros laborales sanitarios, donde trabajadoras y trabajadores expresaron su descontento denominando “comepagas” a los sucesivos jefes de Gobierno responsables de la continuidad del recorte. SATSE subrayó que el incumplimiento, a su entender, vulnera disposiciones recogidas en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, normativas que establecen que el salario base y los incrementos por antigüedad deben equipararse al importe de una mensualidad para calcular las pagas extras.
El sindicato advirtió, según detalló el medio, que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez opta por prorrogar los presupuestos actuales sin recoger entre sus medidas la restitución íntegra de estas remuneraciones excepcionales, la presión sindical aumentará. SATSE dejó claro que continuará su campaña y mantendrá movilizaciones hasta lograr la devolución de lo que considera un derecho adquirido de enfermeras, fisioterapeutas y el conjunto del personal público afectado.
Por último, el medio puntualizó que, desde la perspectiva de SATSE, la persistencia del recorte no obedece a factores económicos actuales, sino a una decisión política que perpetúa una situación que consideran insostenible. El sindicato reivindica la aprobación urgente de una norma que solucione el conflicto, y rechaza la aceptación de nuevas prórrogas presupuestarias que, en su opinión, implicarían el mantenimiento de la reducción salarial aplicada desde hace más de una década.
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