Petro pide relator especial de la ONU para Pacífico y Caribe por violaciones de DDHH en la lucha antidrogas

La consolidación de grupos armados ilegales y las dinámicas del narcotráfico en los corredores costeros de Colombia han provocado un incremento de los desalojos forzados y restricciones a actividades tradicionales de comunidades históricas, especialmente de población afrodescendiente y pescadores. En respuesta a este contexto, el presidente Gustavo Petro remitió a Naciones Unidas una solicitud oficial para establecer un mecanismo internacional independiente encargado de supervisar posibles vulneraciones de derechos humanos relacionadas con las operaciones antidrogas en las costas del Pacífico y el Caribe, según informó la fuente periodística que cubre el tema.

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de líderes costeros y autoridades locales han planteado la necesidad de contar con observadores internacionales y de que se divulgue de forma transparente la información sobre los operativos antidrogas en estas regiones. El medio citado señala que el pedido de crear un relator especial de la ONU se dirige al secretario general António Guterres. El objetivo central consiste en generar informes públicos periódicos y mecanismos claros para investigar y sancionar denuncias de conductas abusivas por parte de la fuerza pública o agentes extranjeros.

El mandatario colombiano expresó abiertamente en la red social X: “No es aceptable de ninguna manera que la lucha contra el narcotráfico incluya violaciones a Derechos Humanos como el asesinato sistemático por funcionario público. Debe organizarse un comité internacional de juristas”. El medio consignó que esta postura gubernamental se respalda en el aumento de acciones militares y policiales, locales e internacionales, en territorios de baja presencia estatal y persistente inseguridad, donde los habitantes denuncian mayores riesgos a raíz de la militarización y presencia de agentes externos.

El mecanismo propuesto por el ejecutivo colombiano contempla la integración de juristas extranjeros y observadores con independencia, quienes se encargarían de monitorear, documentar, analizar y presentar públicamente hallazgos sobre posibles abusos cometidos durante los operativos antidrogas. Según detalló el medio, esta vía busca combatir la impunidad y poner a disposición de las víctimas herramientas eficaces para acceder a la justicia, especialmente en las zonas marcadas por una histórica marginalización y elevados niveles de violencia.

El contexto internacional en que surge esta iniciativa está marcado por el cambio en la atención de la política antidrogas estadounidense en la región. El medio recordó que el expresidente Donald Trump mencionó recientemente al presidente Gustavo Petro como posible nuevo centro de presión para los planes antidrogas de Estados Unidos, después de que la estrategia anterior se concentrase en el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Estos hechos, reportados por la fuente periodística, han generado inquietud entre organizaciones sociales y pobladores sobre los efectos que los cambios en el enfoque internacional puedan tener sobre sus territorios.

Las organizaciones comunitarias reportan que la actividad de grupos armados y el tráfico ilegal ha incrementado la violencia, la inestabilidad y el temor en amplias franjas costeras, con registros de desalojos y limitaciones al trabajo asociado a la pesca y otros modos de subsistencia. Voceros entrevistados por el medio explican que muchos de estos impactos derivan de la intervención irregular o desproporcionada de fuerzas estatales y extranjeras, lo que ha llevado a parte de la población local a exigir la presencia de veedores internacionales y la aplicación de protocolos que aseguren la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.

La propuesta del ejecutivo colombiano contempla el establecimiento de un sistema flexible y robusto de monitoreo internacional, orientado a ampliar la vigilancia sobre la conducta de los agentes policiales y militares. Según reportó el medio, este esquema daría prioridad al desarrollo de canales de denuncia abiertos, al fortalecimiento de estándares legales en la investigación de presuntas violaciones de derechos y a la implementación de medidas orientadas a garantizar la protección de víctimas y testigos.

Representantes de entidades multilaterales y líderes sociales consideran, en declaraciones recogidas por el medio, que la figura de un relator especial de la ONU y la activación de comités independientes permitirían enfocar la atención pública sobre las experiencias de las víctimas y sostener investigaciones alineadas con los tratados internacionales suscritos por Colombia. El seguimiento regular a través de informes y la sistematización de casos bajo la mirada de expertos externos se mencionan como mecanismos idóneos para favorecer la transparencia y reforzar los compromisos del país en materia de derechos humanos.

Testimonios reunidos por la fuente informativa documentan que las operaciones antidrogas y la confrontación de la criminalidad organizada han acentuado el desplazamiento de familias, la limitación en el desarrollo de actividades económicas tradicionales y la exposición a nuevas amenazas, especialmente en escenarios de ruralidad y marginación costera. Se suma a estos elementos la preocupación local ante la continuidad de la inseguridad y la escasez de rutas formales para presentar denuncias o recibir protección efectiva.

La iniciativa gubernamental también apunta a desplazar gradualmente el paradigma centrado únicamente en la represión frente al narcotráfico para avanzar hacia un marco de protección de derechos, promoción del acceso igualitario a la justicia y legitimidad de los procedimientos judiciales. El medio que da seguimiento al tema subraya que el propósito reside en dotar a las poblaciones afectadas por la violencia y el crimen de herramientas adicionales de prevención, documentación, evaluación y sanción, siempre bajo la supervisión de entes internacionales que garanticen independencia.

El debate sobre la conveniencia de sumar mecanismos internacionales de control y auditoría sobre las operaciones antidrogas en el Pacífico y el Caribe amplía sus alcances en la agenda de los organismos multilaterales y gobiernos que mantienen operativos de seguridad en la región. Según la información recopilada por el medio, tanto autoridades como representantes comunitarios valoran que la implementación de observadores internacionales eleve el estándar de transparencia en la gestión oficial y viabilice la atención efectiva de denuncias presentadas por quienes habitan los territorios más afectados.

Al reclamar mayor presencia y visibilidad internacional, las organizaciones y líderes entrevistados esperan que la vigilancia autónoma incremente el rigor investigativo, la publicación sistemática de informes y la intervención conforme a estándares globales en cada caso reportado, cualidades consideradas fundamentales para contrarrestar la impunidad en realidades complejas del país donde confluyen violencia, narcotráfico y ausencia de respuestas institucionales sostenidas.