Hong Kong, 15 dic (EFE).- Un tribunal hongkonés impuso este lunes una pena de 42 meses de prisión a un joven de 16 años por conspiración para cometer secesión, al considerar probada su participación en una entidad independentista con sede en Taiwán, en infracción de la Ley de Seguridad Nacional.
El magistrado Ernest Michael Lin, del Tribunal de Distrito, determinó que el acusado, cuya identidad permanece protegida por su minoría de edad, actuó como secretario de la Unión por la Independencia Democrática de Hong Kong, fundada por el disidente en busca y captura Alan Keung Ka-wai.
Esta formación defendía la separación de la región administrativa especial del control de China continental, aspiraba a obtener reconocimiento internacional para un legislativo paralelo y preconizaba la constitución de fuerzas armadas propias.
Tras declararse culpable, el menor vio reducida su condena inicial de cinco años y medio: un tercio por la admisión de cargos y dos meses adicionales por su juventud y ausencia de antecedentes.
El juez rechazó atenuantes mayores, al estimar que el procesado obró con plena convicción, madurez intelectual y sin coacciones externas, pese a un diagnóstico de trastorno del espectro autista que no mermó su capacidad.
Asimismo, subrayó la contribución concreta del joven, con asistencia a seis reuniones, sugerencias sobre denominación, insignia, carta fundacional, modelo gubernamental proindependentista y relaciones exteriores.
Propuso, además, crear un aparato de inteligencia para vigilar a funcionarios policiales y medidas contra capital continental. En plataformas digitales, difundió diseños emblemáticos y convocó sufragios para un supuesto parlamento ficticio.
El secretario de Seguridad, Chris Tang, prohibió este mes por primera vez dos organizaciones en el extranjero bajo la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional: la citada unión taiwanesa y el autodenominado Parlamento de Hong Kong, establecido en Canadá.
Ambas fueron catalogadas como subversivas por impulsar la autodeterminación y erosionar el orden constitucional chino. La medida penaliza con hasta 14 años de reclusión cualquier afiliación, dirección, financiación o apoyo.
Las audiencias contra los otros dos procesados en la causa, de 25 y 26 años, quedaron aplazadas a enero de 2026.
La Ley de Seguridad Nacional de 2020, promulgada por Pekín, y la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, elaborada localmente, consolidaron el marco legal para perseguir delitos como traición, sedición, sabotaje, injerencia externa, espionaje y robo de secretos de Estado, con penas de hasta cadena perpetua.
La Ordenanza, aprobada por unanimidad en 2024 en una legislatura sin oposición, permite detenciones preventivas de hasta 16 días y restringe el acceso a abogados.
Este marco, conocido como Artículo 23, fue aprobado por vía rápida y ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, la ONU y países occidentales.
Las autoridades hongkonesas y chinas las defienden como necesarias para contrarrestar injerencias extranjeras y cerrar "lagunas legales" tras los disturbios de hace seis años. EFE
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