El Supremo prohíbe salir del país a dos excargos de Acciona por los presuntos amaños de obra del 'caso Koldo'

El acuerdo marco firmado entre Acciona y Servinabar en 2015, días después de la constitución de esta última empresa, estableció un sistema por el cual Servinabar recibiría el 2% de las adjudicaciones obtenidas en colaboración con la constructora. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacó este contrato en su más reciente informe, donde resalta la implicación de los exdirectivos Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Acciona Construcción de España, y Tomás Olarte, antiguo responsable de la zona norte de la firma. Como resultado directo de dicho informe, el juez Leopoldo Puente ha impuesto a ambos investigados la entrega de sus pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cada quince días, según detalló Europa Press.

Estas medidas cautelares adoptadas por el magistrado se dictaron tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que las reclamó el miércoles en dos vistas celebradas en el Tribunal Supremo. Durante estas audiencias, Pelegrini y Olarte comparecieron como imputados y, según consignó Europa Press, tanto las acusaciones populares —lideradas por el Partido Popular— como el Ministerio Público respaldaron la aplicación de estas restricciones. Las defensas de los exdirectivos, por su parte, rechazaron la necesidad de las medidas, pero el juez dio curso a la petición de la fiscalía.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la instrucción que dirige el magistrado Puente responde a los últimos avances de la UCO en la investigación de distintas obras públicas adjudicadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Acciona y Servinabar. Esta última mercantil aparece en el núcleo de una supuesta trama impulsada, según los investigadores, por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

Durante sus declaraciones en sede judicial, Pelegrini y Olarte negaron cualquier conducta irregular en las adjudicaciones realizadas en colaboración con Servinabar. Ambos exdirectivos manifestaron que los trabajos contratados se ejecutaron efectivamente y se encuentran respaldados por la correspondiente documentación y facturación, según recogió Europa Press. Según sus testimonios, la UTE funcionaba debidamente y la comisión del 2% percibida por Servinabar respondía a servicios de prevención de riesgos laborales, una práctica que calificaron como estándar en el sector. También aclararon que tal porcentaje no se trataba de una cantidad fija, sino de un límite máximo de beneficio para dicha sociedad dentro de la colaboración.

El informe de la UCO, citado por Europa Press, especifica que la relación entre Acciona y Servinabar se canalizó principalmente a través de Pelegrini y Antxon Alonso, quien representaba a Servinabar y mantenía una amistad con Santos Cerdán. El dossier policial incorpora registros de contactos frecuentes entre Pelegrini y Alonso, así como reuniones presenciales que, según los agentes, adoptaron medidas extremas de seguridad, como la utilización de notas manuscritas mostradas a través de videollamadas, en un intento de preservar la privacidad de las comunicaciones.

Las investigaciones impulsadas por la Guardia Civil sumaron otras adjudicaciones realizadas por la UTE, incluyendo proyectos de envergadura como una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú. El monto total de estas adjudicaciones alcanzó más de 245 millones de euros, conforme a los datos publicados por Europa Press. Además, los informes policiales señalan que Olarte y Manuel García Alconchel, responsable de la zona sur de Acciona Construcción, figuraban como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que la constructora y Servinabar suscribían en relación con dichos proyectos.

El análisis financiero efectuado por la UCO determinó que los ingresos recibidos por Servinabar procedentes de negocios con Acciona ascendieron al menos a 6.707.294,67 euros, lo cual representa aproximadamente el 75% del total ingresado por la empresa durante el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros. Las transferencias ajenas a Acciona, que suman 2.196.608,51 euros —lo que equivale al 24,67% restante—, tienen como origen principalmente otras sociedades, operaciones bancarias no identificadas y contratos de préstamos.

En cuanto al destino de los fondos, la UCO calcula que Servinabar ejecutó salidas por un total de 9.701.121,96 euros en un lapso de diez años. De esa cifra, el mayor volumen corresponde a transferencias hacia particulares y otras sociedades, así como pagos de gastos generales, sumando 4.058.588,05 euros, que equivalen al 48,79% del total de adeudos. Otros conceptos destacados en el apartado de egresos incluyen el pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias directas a Acciona (1,80%).

Por su parte, Acciona Construcción manifestó, según reportó Europa Press, que no ha pagado comisiones a ninguna de las personas investigadas en el proceso judicial. La compañía subrayó su disposición a ejercitar las acciones legales que considere necesarias si de la investigación se derivara algún perjuicio para ella como consecuencia de la conducta de los exdirectivos o cualquier otro implicado en el caso.

La evolución del caso se mantiene bajo la supervisión del magistrado Leopoldo Puente. En el contexto de la causa, Manuel García Alconchel, señalado por la UCO y apartado de sus funciones, ha sido citado para prestar declaración próximamente. Mientras tanto, los procedimientos continúan su curso, a la espera de nuevas resoluciones y avances en la investigación, según lo consignado por Europa Press.