El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido este viernes que el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis; está sujeto a "los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros", lanzando así un "mensaje de tranquilidad".
En declaraciones a los medios de comunicación en su visita al Ayuntamiento de Sevilla, el consejero de Industria, Energía y Minas ha reaccionado a las advertencias de la recién constituida plataforma ciudadana "Salvemos el Guadalquivir" sobre el proyecto de reactivación de la corta minera de Los Frailes, en Aznalcóllar.
La reapertura de la mina, según la entidad promotora, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
Pero según alertan los colectivos ambientalistas, el proyecto de reapertura de esta mina, que cuenta ya con autorización ambiental unificada pero aún no con declaración de impacto ambiental; supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
LA CATÁSTROFE DE AZNALCÓLLAR EN 1998
Se trata, según los ecologistas, de metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc; considerando que "no se ha aprendido nada" de la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa)
Frente a ello, el consejero Paradela ha defendido que como "parte de las exigencias asociadas" a la autorización ambiental unificada ya concedida al proyecto, el mismo incluye "la mejor tecnología para la depuración de aguas", destacando que en las previsiones figura una inversión de "cien millones de euros" por parte de la empresa para actuaciones de tratamiento de aguas y "sostenibilidad" ambiental.
Mientras los colectivos ecologistas avisan de que las medidas de depuración de agua son "insuficientes", alertando del "envenenamiento" del Guadalquivir al "derramar" la mina" 85.520 millones de litros de agua con metales pesados tóxicos"; el consejero ha asegurado que a la hora de tramitar este proyecto, la Junta ha elevado "al máximo extremo" los requerimientos "normativos" en materia de gestión del agua y de medio ambiente, incluyendo "requisitos sin precedentes" en la minería, como "controles directamente relacionados con el estado de la marea" en el río.
"MENSAJE DE TRANQUILIDAD"
"Estamos aplicando los requisitos más extremos que permite la legislación en el tratamiento de residuos, agua y pasivos mineros", ha defendido el consejero, lanzando así un "mensaje de tranquilidad".
Ya en cuanto a la situación de la tramitación del proyecto de reapertura de esta mina, el consejero ha detallado que el pasado miércoles finalizó el "trámite de audiencia para las partes interesadas" en la autorización minera, diferente de la ambiental; con lo que ahora, la delegación territorial de su consejería en Sevilla tendrá que "incorporar las respuestas" de las alegaciones recibidas a la propuesta que habrá de elevar a la Dirección General de Minas de Andalucía. "Estamos en los últimos pasos de las autorizaciones mineras", ha asegurado de nuevo.
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