La Ley de Ciberresiliencia europea ha entrado en vigor este martes, con la que se busca que todos los productos digitales, ya sean de 'hardware' o 'software', cuenten con medidas de ciberseguridad a los largo de todo su ciclo de vida.
El pasado 12 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó la ley que pretende garantizar la ciberseguridad de los productos que contienen un componente digital, es decir, que están conectados a Internet, durante todo su ciclo de vida.
Se refiere a todos los equipos y programas informáticos -'smartphones', sistemas operativos o 'routers', pero también monitores de bebés, relojes inteligentes, cortafuegos, etc.-, que deberán cumplir unos requisitos de ciberseguridad mínimos, proporcionales al nivel de riesgo asociado a cada uno de ellos.
Esta Ley de Ciberresiliencia (CRA, por sus siglas en inglés) ha entrado en vigor este martes, mientras que las principales obligaciones que introduce se aplicarán a partir del 11 de diciembre de 2027.
Últimas Noticias
Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán y bombardea docenas de objetivos
Israel ejecuta ofensiva militar en Irán, atacando objetivos estratégicos en Teherán y ordenando a su población suspender actividades no esenciales tras activar defensa aérea en respuesta a los bombardeos

Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán y bombardea docenas de "objetivos nucleares"

La AP celebra la adopción "por abrumadora mayoría" de la resolución sobre Gaza en la Asamblea General de la ONU
La resolución de la ONU pide el fin del bloqueo en Gaza, destaca la unidad palestina y es respaldada por 149 países, evidenciando el rechazo global a la ocupación israelí

Oklahoma ejecuta a un hombre de 61 años condenado por un asesinato en 1999
John Fitzgerald Hanson es ejecutado en Oklahoma tras ser condenado por el asesinato de Mary Agnes Bowles en 1999, a pesar de sus insistencias de inocencia y oposición de su defensa

La Cámara de Representantes de EEUU aprueba por dos votos un recorte a la ayuda exterior y los medios públicos
La Cámara de Representantes impulsa un recorte de 9.400 millones de dólares en ayuda exterior y medios públicos, destacando preocupaciones sobre el impacto en seguridad y recursos vitales en EE. UU.
