Buenos Aires, 21 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este lunes que revisará el cumplimiento de los contratos en el sector de las telecomunicaciones e investigará si hay conductas contra la libre competencia en esta industria.
"El Estado nacional relevará todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará investigaciones para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria", señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una comparecencia ante la prensa.
Adorni anunció además una serie de medidas que afectan al sector de las telecomunicaciones, entre ellas la decisión del Gobierno de poner a disposición de empresas privadas bandas de frecuencia aptas para servicios móviles 5G.
Se trata de frecuencias en el espectro de los 100 megahercios que se habían reservado para la empresa estatal Arsat para comunicaciones móviles y que no se usan actualmente y de 50 megahercios que están en manos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, ente regulador del sector de las telecomunicaciones).
El Gobierno no aclaró si lanzará una licitación pública para conceder estas frecuencias.
Los principales operadores de comunicaciones móviles en Argentina son Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom Argentina).
El Gobierno de Milei también anunció este lunes que volverá a licitar la provisión del servicio conectividad en unas 16.000 escuelas del país, contratos que actualmente implican para el Estado un gasto de 60.000 millones de pesos (60 millones de dólares / 53 millones de euros) anuales.
Adorni también señaló que se detectó en una auditoría que las empresas Telecom y Telefónica debían unos 3.000 millones de pesos en concepto de aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) correspondientes al período entre enero de 2019 y agosto de 2020.
"Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio Enacom", señaló Adorni.
Por otra parte, el portavoz indicó que se derogará el reglamento para los servicios de televisión por suscripción aprobado en 2020 y también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la programación.
"De esta manera, el Gobierno del presidente Milei busca una mayor desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad de los servicios de telecomunicación", añadió el portavoz. EFE
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