San Salvador, 9 oct (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador señaló este miércoles que espera obtener la "condena máxima" para cinco ambientalistas líderes comunitarios, quienes enfrentan un juicio por supuestamente asesinar a una mujer en el contexto de la guerra civil (1980-1992), mientras que organizaciones de derechos humanos alertan sobre una posible "instrumentalización" del caso.
"La Fiscalía pretende lograr la condena máxima para estos sujetos por los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas", indicó un portavoz de la Fiscalía -cuya identidad no fue especificada- en un video compartido en X.
La fuente apuntó que en el segundo día de juicio -que comenzó el martes- declararían dos testigos, que "ayudarán a certificar la forma y circunstancias en las que ocurrieron los hechos".
El juicio contra los líderes comunitarios y también ambientalistas -todos hombres mayores de 50 años- se lleva a cabo en el Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque, a más de 86 kilómetros de la capital, San Salvador.
Los procesados son residentes de la remota comunidad rural Santa Marta, ubicada en el municipio de Victoria del departamento de Cabañas (norte) y cuyos habitantes han luchado por varios años contra la explotación de la minería metálica en la zona.
Se trata de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, son procesados desde enero de 2023 por acusaciones de asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
La organización humanitaria Cristosal denunció sin embargo la semana pasada la "instrumentalización de la justicia transicional" en el caso y exigió "imparcialidad", ya que llama la atención la "celeridad" en este proceso cuando "la impunidad sigue siendo una constante, con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la paralización del juicio por la masacre de El Mozote" durante la guerra civil.
La organización detalló que los ambientalistas "sufrieron ocho meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario", y que "esta situación ha sido condenada por la relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien ha solicitado su libertad".
Este caso también ha sido llevado por la organización Tutela Legal María Julia Hernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal, la denuncia fue interpuesta a finales de julio de 2023 y la CIDH dio al Estado salvadoreño hasta el 14 de agosto de ese año para responder a un requerimiento de información sobre el caso, sin que se conozca si hubo respuesta oficial.
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