
Manila, 28 nov (EFE).- La exsenadora filipina Leila de Lima, una de las voces más críticas contra el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), presentó este martes en un tribunal de Manila una moción para el traslado a otra prisión de siete reclusos que testificaron en su contra y que decidieron retractarse y modificar sus testimonios.
Tras su liberación provisional de la prisión a inicios de mes, donde estuvo recluida desde 2017 acusada de conspirar para apoyar el tráfico ilegal de drogas, De Lima reapareció en los tribunales para pedir el traslado de los reclusos por motivos de seguridad, ya que considera que dicha retractación es un acto que supone un riesgo físico en la actual prisión en la que se encuentran.
"Nuestra moción para la transferencia (de los reclusos) se considera presentada", declaró De Lima ante los medios locales a la salida del tribunal.
Los siete reclusos -Wu Tuan Yuan, German Agojo, Tomas Doniña, Jaime Patcho, Engelberto Durano, Jerry Pepino y Hans Anton Tan- solicitaron en una carta el pasado 17 de noviembre la oportunidad de retractarse de sus testimonios contra De Lima en la tercera y última causa penal que aún pesa contra la exsenadora.
"Entonces nuestra moción para la transferencia se considera presentada, así como la moción para la presentación de esos testigos reclusos para que afirmen la autenticidad y legitimidad de su carta en la que afirman que quieren retractarse”, agregó De Lima.
De Lima, de 64 años y una de las figuras más críticas con Duterte y su violenta campaña contra las drogas, fue liberada el pasado 13 de noviembre bajo fianza a la espera de un último juicio relacionado con delitos de drogas tras pasar casi siete años en prisión.
La exsenadora ya había sido absuelta con anterioridad de otros dos delitos relacionados con el narcotráfico que se le imputaban en un largo proceso judicial, duramente criticado por la oposición de Duterte y la comunidad internacional.
De Lima, quien ha pasado una década investigando los asesinatos de "escuadrones de la muerte" presuntamente orquestados por el expresidente filipino Rodrigo Duterte durante el periodo que ejerció como alcalde de la sureña ciudad de Davao y durante sus primeros días en la presidencia, siempre sostuvo que los cargos presentados en su contra eran infundados y tenían motivaciones políticas.
En ese marco, De Lima manifestó este mismo martes su apoyo ante el posible retorno de Filipinas a la membresía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga a Duterte por posibles crímenes de lesa humanidad por su sangrienta guerra contra las drogas, en la que miles de personas murieron abatidas por la policía.
"¿Por qué es tan difícil reincorporarse a la CPI cuando la retirada de la misma era altamente sospechosa, y sólo servía a los intereses de un hombre que obviamente sólo quería eludir su responsabilidad?", indagó De Lima en un comunicado, en alusión a la posibilidad barajada por el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., de reincorporar el país al tribunal internacional.
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