Un millón de deportados en 2025: el objetivo de Trump en su plan contra los migrantes ilegales

A medida que la Administración de Donald Trump presiona agresivamente para deportar a más inmigrantes durante el primer año del presidente de vuelta en el cargo, un número aspiracional sigue apareciendo en conversaciones privadas, según cuatro funcionarios federales actuales y anteriores con conocimiento directo de los planes: un millón.

Deportar a un millón de inmigrantes en un año superaría ostensiblemente las estadísticas anteriores, ya que la cifra más alta hasta ahora fue de más de 400.000 al año, cuando Barack Obama era presidente.

Pero los funcionarios no revelan cómo están contando las cifras, y los analistas dicen que las estadísticas disponibles hacen que ese objetivo parezca poco realista -si no imposible- teniendo en cuenta la financiación, los niveles de personal y el hecho de que la mayoría de los inmigrantes tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser expulsados del país.

El asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha estado elaborando estrategias casi a diario con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para alcanzar ese objetivo, según dijeron dos de los funcionarios actuales y anteriores.

Una de las estrategias para aumentar rápidamente las cifras, según dijeron, es encontrar formas de deportar a algunos de los 1,4 millones de inmigrantes que tienen órdenes de deportación definitivas, pero que no pueden ser expulsados porque sus países de origen no los aceptan de vuelta.

La Administración estadounidense está negociando con hasta 30 naciones para que acojan a deportados que no son ciudadanos suyos, sumaron los funcionarios, mientras que, en una reciente presentación ante los tribunales, el Gobierno de Trump dijo que espera enviar a “miles” de inmigrantes a estos destinos, conocidos como terceros países.

Aunque las administraciones han intentado deportar a personas a terceros países durante años, este sería el esfuerzo más ambicioso hasta ahora, ya que Trump intenta llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos.

De hecho, los funcionarios ya han comenzado a enviar a personas a países donde no son ciudadanos, incluidos México, Costa Rica y Panamá, y al menos un inmigrante fue enviado a Ruanda este mes, aunque eso fue después de extensas negociaciones entre sus abogados y la Administración Biden.

El portavoz de la Casa Blanca Kush Desai no respondió a preguntas sobre el objetivo del Gobierno, pero dijo en un correo electrónico que la Administración Trump tenía el mandato de los votantes para reparar el manejo de su antecesor en lo que respecta a la seguridad fronteriza y la aplicación de la inmigración.

“Toda la Administración Trump está alineada en cumplir este mandato, no en objetivos arbitrarios, con un enfoque de todo el Gobierno para asegurar la deportación masiva eficiente de extranjeros ilegales terroristas y criminales", aseguró.

Trump dijo en campaña que quería deportar a “millones” de inmigrantes, y el vicepresidente JD Vance dijo el año pasado que podrían empezar con un millón. Sus propias cifras, sin embargo, muestran que eso no es tan sencillo.

La mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración antes de poder ser expulsados, incluidos los delincuentes, y con los retrasos actuales, estos pueden tardar meses o años en resolverse.

Los funcionarios de Trump han hecho un espectáculo de enviar a cientos de detenidos a una mega prisión en El Salvador y a la base naval de Guantánamo, en Cuba, pero esos son solo una pequeña fracción de los que están en el país ilegalmente.

Los funcionarios siguen bloqueados por obstáculos financieros y legales, y las críticas casi constantes de la Casa Blanca han desinflado la moral de los funcionarios de inmigración, que trabajan a toda máquina pero cada vez se muestran más escépticos de poder alcanzar los elevados objetivos, según tres antiguos funcionarios.

“Lo dicen en broma: ‘Tenemos que conseguir un millón de expulsiones’. Ese es su objetivo”, dijo un ex funcionario federal sobre los agentes que llevan a cabo las directivas de la Casa Blanca.

Y los 1,4 millones de personas con órdenes de expulsión pendientes pueden ser difíciles de encontrar, a pesar de un bombardeo multiagencial que ha reclutado al FBI, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y otras agencias para ayudar a los funcionarios de inmigración a detener y deportar a los inmigrantes.

Los funcionarios de Trump han pedido al Congreso que apruebe un importante proyecto de ley presupuestario para ampliar la aplicación de las leyes de inmigración aunque, incluso si el Congreso aprueba la iniciativa, aún se deberá contratar a más oficiales, firmar contratos de detención y gestionar vuelos chárter.

“Eso no es solo un interruptor que puedes encender. El proceso de deportación lleva mucho tiempo", dijo Doris Meissner, ex comisionada de inmigración y miembro senior del Migration Policy Institute, un think tank en Washington.

El seguimiento de las cifras oficiales de deportación es difícil porque la Administración Trump ha dejado de publicar la contabilidad mensual detallada de las actividades de aplicación de la ley de inmigración de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional. La oficina independiente, financiada por el Congreso, no ha publicado un informe de aplicación desde antes de que Trump asumiera el cargo.

En su lugar, las estadísticas disponibles provienen de designaciones políticas que no proporcionan desgloses detallados.

A finales de marzo, la portavoz del DHS Tricia McLaughlin dijo que los funcionarios habían deportado a más de 100.000 inmigrantes, aunque más tarde aclaró que esas cifras eran una mezcla de detenciones de inmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el interior de Estados Unidos, y de Aduanas y Protección Fronteriza.

Históricamente, las detenciones de la CBP incluían a las personas a las que se denegaba la entrada en los aeropuertos y las fronteras terrestres y marítimas de Estados Unidos. Desde entonces, dijo, las deportaciones han aumentado en otras 17.000.

“Esto es sólo el principio. Estas deportaciones ni siquiera incluyen el número de extranjeros ilegales que se han autodeportado”, sumó McLaughlin en un comunicado.

Una de las principales razones por las que es poco probable que el Gobierno de Trump alcance el millón de deportaciones es que los cruces fronterizos ilegales se han desplomado y, tradicionalmente, han constituido la mayoría de las expulsiones.

Después de que el Presidente enviara cientos de tropas a la frontera, los ingresos irregulares se desplomaron a poco más de 7.000 en marzo, el más bajo en décadas.

Meissner, del Instituto de Política Migratoria, dijo que un análisis preliminar de los datos disponibles muestra que las detenciones en el interior de Estados Unidos están aumentando bruscamente, pero las deportaciones no siguen el mismo ritmo.

El ICE parece en camino de detener a casi 240.000 inmigrantes este año fiscal, más del doble que el año anterior, sumó, aunque reconoció que la agencia, al ritmo actual, expulsaría unas 212.000 personas, menos que las 271.484 deportaciones del año fiscal pasado, la mayoría de las cuales fueron detenidas tras cruzar ilegalmente la frontera sur.

Los analistas afirman que las detenciones han aumentado claramente y que los centros de detención están casi llenos, con más de 47.000 arrestados a finales de marzo. Pero los vuelos de expulsión han aumentado más modestamente, de unos 100 en enero a 134 en marzo, lo que supone un 15% más que la media de los seis meses anteriores.

Tom Cartwright, defensor de los derechos de los inmigrantes que realiza un seguimiento de los vuelos de deportación, afirmó que “sería necesario un aumento masivo” para alcanzar el millón de expulsiones. “Si vas a hacer un millón... ¿de dónde van a salir esas personas? No sé dónde están esas cifras, no lo veo", cuestionó.

Encontrar una manera de enviar a los inmigrantes a terceros países podría ser una forma de aumentar rápidamente las cifras.

Pero el enfoque apresurado del ICE ha preocupado a defensores y a algunos jueces federales, especialmente después de que funcionarios de inmigración admitieran haber deportado por error a un salvadoreño a una megacárcel de ese país en marzo, a pesar de una orden judicial que lo prohibía porque había recibido amenazas de muerte de pandillas de ese país.

Jueces federales de Texas y Nueva York han bloqueado los intentos de la Administración de utilizar una ley de poderes de guerra para deportar sin audiencia a presuntos miembros de bandas venezolanas.

Un juez federal de Boston también emitió una orden temporal el mes pasado que prohíbe a los funcionarios deportar a los inmigrantes en virtud de las leyes de inmigración regulares a un país donde no son ciudadanos sin darles primero una “oportunidad significativa” para buscar protección humanitaria en Estados Unidos.

Después de la decisión del juez en Boston, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi L. Noem emitió un memorando a los jefes de las tres principales agencias de inmigración diciendo que antes de expulsar a alguien a un tercer país, los funcionarios deben comprobar si tienen “garantías diplomáticas” que los inmigrantes “no serán perseguidos o torturados” allí.

Si Estados Unidos no tiene dichas garantías, los agentes deben informar al inmigrante de que será expulsado a ese país y se le debe dar la oportunidad de impugnarlo.

Las personas que manifiesten su temor a ser deportadas a ese país serán remitidas para su evaluación a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, organismo dependiente del DHS.

Por lo general, ese examen se lleva a cabo en un plazo de 24 horas y puede realizarse a distancia, escribió Noem.

Los abogados de los inmigrantes dicen que ese plazo es, lamentablemente, inadecuado para impugnar esas expulsiones.

Noem señaló en la nota que los inmigrantes deben demostrar que es más probable que no que serán torturados si son expulsados y, si no pueden hacerlo, serán expulsados.

Si lo consiguen, en cambio, podrían ser remitidos a un tribunal de inmigración o al ICE, o el ICE puede elegir otro país para la expulsión.

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