El lunes 29 de julio, un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente las nuevas normas del gobierno de Biden que obligan a las compañías aéreas a informar de las tasas que cobran por facturar equipaje o cambiar de vuelo, que pueden disparar el precio de los tiquetes.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos se puso del lado de las principales compañías aéreas y de un grupo comercial, que impugnaron la norma, al considerar que el Departamento de Transporte “probablemente excede su autoridad” y que la norma “perjudicará irreparablemente a las compañías aéreas”.
La decisión del panel provocó una reprimenda del Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, quien dijo en un mensaje publicado en X que el departamento seguirá defendiendo la norma.
“El grupo de presión de la industria aérea está tratando de atar esto con demandas, pero no vamos a dar marcha atrás en la protección de los pasajeros. Las aerolíneas simplemente se equivocan al argumentar que el mero hecho de tener que revelar sus tasas les “perjudicaría irreparablemente”. Es de sentido común”, afirmó Buttigieg.
Airlines for America, el grupo que se unió a las compañías aéreas en el caso, no hizo comentarios sobre el fallo del panel.
La norma habría exigido a las aerolíneas o a los sitios web de reserva de vuelos que informaran a los consumidores de las tasas por facturar una primera o segunda maleta, por llevar una maleta de mano y por cambiar o cancelar una reserva la primera vez que se facilita la tarifa.
Buttigieg dijo que la norma aportaría más transparencia al proceso de compra de tiquetes, que se ha vuelto más complejo a medida que las aerolíneas han tratado de aumentar sus ingresos añadiendo tasas por servicios que antes estaban incluidos en el precio del tiquete. El Departamento de Transporte calcula que la norma podría ahorrar a los viajeros más de 500 millones de dólares al año.
Sin embargo, las compañías aéreas han tachado la norma, que debía entrar en vigor el 1 de julio, de extralimitación. En una petición presentada en mayo ante el tribunal de apelaciones, la calificaron de “arbitraria y caprichosa” y de exceder la autoridad del Departamento de Transporte.
La decisión de la sala el lunes significa que la norma quedará en suspenso a la espera de nuevos procedimientos ante el tribunal. Esta norma forma parte de los esfuerzos del Presidente Biden por combatir las “tasas basura” y garantizar que los consumidores no sean engañados al comprar billetes de avión.
Los clientes, sobre todo los que no viajan con frecuencia, no siempre saben que deben pagar tasas adicionales por facturar equipaje o cambiar de itinerario. Estas tasas complementarias se han convertido en un enorme generador de ingresos para las aerolíneas. Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, el año pasado las aerolíneas recaudaron casi 5.500 millones de dólares sólo en concepto de tasas de equipaje.
Esta y otras normas relativas a los reembolsos fueron impulsadas en parte por el número récord de quejas que la administración Biden recibió durante la pandemia de coronavirus. Los consumidores alegaron que las compañías aéreas y los agentes de venta de billetes retrasaron o se negaron a efectuar reembolsos cuando millones de pasajeros dejaron de volar durante el punto álgido de la pandemia.
En general, las compañías aéreas se han opuesto a las nuevas normativas y han rebatido la afirmación de que no responden a las preocupaciones de los consumidores, alegando que lo mejor para ellas es ofrecer a los consumidores una experiencia positiva.
Buttigieg criticó este mes a Delta Air Lines por las cancelaciones y retrasos de vuelos que se prolongaron durante casi una semana y afectaron a 500.000 clientes tras un fallo informático mundial a principios de mes causado por una actualización defectuosa del software de seguridad CrowdStrike.
Anunció que el departamento investigaría por qué Delta tropezó a pesar de que sus rivales se recuperaron rápidamente y si incumplió las normas, incluida una que exige que proporcione reembolsos en efectivo a los clientes que lo soliciten. Los reguladores iniciaron una investigación similar de Southwest tras el colapso de diciembre de 2022 y multaron a la compañía con 140 millones de dólares.
(c) 2024, The Washington Post
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