Expertos llaman a evaluar edificios afectados por el terremoto para determinar causas de los colapsos

La devastación provocada por los terremotos del 24 de junio, que hasta la fecha han dejado un saldo oficial de 4.743 muertos, ha abierto un debate en Venezuela sobre la calidad de las construcciones, especialmente las realizadas por la Misión Vivienda, programa gubernamental lanzado por el difunto Hugo Chávez en 2011.

En medio de la polémica, instituciones académicas y empresariales publicaron un comunicado en el que subrayan que “los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible”, razón por la cual sostienen que antes de demolerlos o remover escombros, “deben realizarse inspecciones de ingeniería patológica, documentación de los daños e investigar las causas de las fallas”.

Los firmantes del texto son la Cámara Venezolana de la Construcción, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de la patronal Fedecámaras.

“La preservación de estas estructuras constituye una condición indispensable para garantizar investigaciones objetivas, determinar las causas de los colapsos y generar las lecciones técnicas que orienten la reconstrucción del país, la actualización de las normas y la prevención de futuras tragedias”, enfatizan las organizaciones.

Revisión

El parte oficial del gobierno de Delcy Rodríguez habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Sin embargo, estudios independientes como los llevados a cabo por la NASA estiman que la destrucción alcanzó a 58.870 edificaciones.

Los expertos plantean que “ninguna edificación colapsada o gravemente afectada sea demolida, removida total o parcialmente, sin la previa evaluación y autorización de la comisión técnica competente, salvo cuando exista un riesgo inminente para las labores de búsqueda y rescate o para la seguridad pública debidamente sustentado”.

Recomiendan la creación de una comisión nacional independiente que se encargue de “emitir informes públicos y formular recomendaciones para fortalecer la normativa sismorresistente y las políticas de reconstrucción”.

“La reconstrucción del país debe sustentarse en el conocimiento científico, la transparencia y transformando esta tragedia en una oportunidad para construir ciudades más seguras, resilientes y preparadas para el futuro”, exhortan académicos y empresarios.