El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció este lunes que su yerno, Rafael Tudares, permanece en condición de desaparición forzada desde su detención en enero de este año y fue condenado a 30 años de prisión sin garantías judiciales.
El líder opositor recordó el cumpleaños número 46 de Tudares con un mensaje difundido en la red social X, en el que afirmó que su familiar “no ha sido presentado ante un juez independiente, no se conoce su paradero ni ha podido ejercer su derecho a la defensa”.
Según el mandatario electo, estas condiciones invalidan cualquier procedimiento judicial llevado adelante por autoridades que, sostuvo, carecen de independencia.
“El caso de Rafael se inscribe en un patrón sistemático de juicios y condenas sumarias utilizados como instrumentos de persecución política”, escribió González Urrutia.
Añadió que la situación constituye “una negación absoluta del debido proceso” y recordó que la desaparición forzada es considerada por el derecho internacional como un crimen continuado que se agrava mientras persista la negativa a informar sobre el destino de la persona detenida.
Rafael Tudares fue arrestado el 7 de enero en Caracas, tres días antes de la investidura fraudulenta del dictador Nicolás Maduro. Ese mismo día también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien posteriormente fue excarcelado, y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez. Desde entonces, la familia de Tudares denuncia que no ha recibido información oficial verificable sobre su lugar de reclusión.
La hija de González Urrutia y esposa de Tudares, Mariana González, afirmó que su marido lleva 349 días privado de libertad sin contacto con su familia ni acceso a una defensa efectiva.
“¿Cómo se celebra un cumpleaños en estas condiciones tan injustas y tan crueles? ¿Cómo se le explica a unos hijos que su papá cumple años preso, sin que sepan dónde está, sin poder verlo, sin poder abrazarlo?”, escribió también en X.
Mariana González ha reiterado que su esposo se encuentra desaparecido forzadamente, al asegurar que desconoce con certeza el centro de detención en el que se encuentra.
“Denunciamos la injusticia, el abuso, la crueldad de arrebatarle a un hombre su libertad, a una familia su paz, y a unos niños su derecho a crecer con su padre”, expresó en otro mensaje.
A comienzos de este mes, la esposa de Tudares informó que fue condenado a 30 años de prisión tras lo que describió como una “sola y única” audiencia de juicio. Según la familia, el proceso se llevó a cabo sin las garantías mínimas establecidas en la legislación venezolana y en los tratados internacionales suscritos por el país.
Hasta ahora, la dictadura chavista no ha difundido información detallada sobre el expediente ni sobre las condiciones de detención.
González Urrutia sostuvo que la exigencia de la “restitución plena” de los derechos de Tudares no responde a una coyuntura política, sino a obligaciones jurídicas asumidas por el Estado venezolano.
“Cualquier procedimiento atribuido a autoridades carentes de independencia judicial carece de validez jurídica”, afirmó.
El caso de Tudares se suma a numerosas denuncias formuladas por organizaciones internacionales sobre detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y falta de independencia del poder judicial en Venezuela.
Informes de organismos de derechos humanos han advertido que estas prácticas vulneran principios básicos del debido proceso y afectan tanto a dirigentes opositores como a activistas y personas de su entorno familiar.
Mientras continúan los reclamos por su liberación y por la revelación de su paradero, la familia de Tudares insiste en que el caso no es aislado. Para González Urrutia, la situación refleja una realidad que afecta a cientos de familias venezolanas y que mantiene abierta la preocupación internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de derecho en el país.
(Con información de EFE)
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