Antes de las elecciones del 28 de julio, funcionarios militares recibieron instrucciones de controlar protestas que iban a ocurrir, lo que explica la respuesta violenta de la GNB y el Ejército en las protestas de Maracay, como lo documenta la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en su reciente informe. “De acuerdo con un miembro del CICPC citado por fuentes entrevistadas para el informe, los perpetradores no buscaban causar heridas, sino matar”.
El saldo de las protestas fue trágico, no solo por el militar herido, sino por las cinco personas fallecidas. “Todas las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Según señaló un miembro del CICPC a una de las fuentes entrevistadas por la Misión indicaría que los perpetradores no actuaban con el objetivo de causar heridas, sino de matar”.
El primer manifestante fallecido, Rancés Daniel Yzarra Bolívar, se encontraba cerca del periódico El Aragüeño, cuando recibió un impacto de bala en el pecho. El sargento de la (GNB) José Torrents a Reiner José Márquez Velásquez resultó herido en el estacionamiento con un disparo en el cuello y murió ese mismo día.
Las otras cinco víctimas fueron Anthony Moya, Gabriel Ramos, Andrés Ramírez, Jesús Tovar y Jesús Medina, quienes perdieron la vida tras recibir disparos, cuando estaban frente al ingreso principal de la Brigada de Paracaidistas.
Un estudio de expertos forenses de la organización Physicians for Human Rights, estableció que las lesiones identificadas en el caso de Jesús Tovar “son consistentes con el patrón de heridas de una escopeta: los perdigones centrales suelen mantenerse agrupados, provocando una herida central más profunda, con heridas satélite causadas por los perdigones exteriores dispersos”.
Para los investigadores de la Misión, según esa pericia forense, la escopeta, arma que utiliza la GNB, disparó munición “perdigones grandes (‘buckshot’)” a una distancia superior a un metro e inferior a diez. “En todos los casos, las víctimas presentaron impactos de bala en zonas vitales de su cuerpo”.
En rechazo a los resultados, de las elecciones presidenciales en Venezuela, que dio en Consejo Nacional Electoral (CNE), la noche del 28 de julio de 2024, al día siguiente hubo una intensa manifestación en las inmediaciones de la redoma del obelisco de San Jacinto, en Maracay, capital del municipio Girardot, estado de Aragua.
Las protestas abarcaron el estacionamiento del periódico El Aragüeño y la 99 Brigada de Fuerzas Especiales “G.J. Félix Antonio Velásquez” del Ejército, conocida como la 42º Brigada de Infantería Paracaidista.
“Desde antes de las elecciones se nos ordenó prepararnos porque habría protestas, por ello sé que nuestros superiores sabían que se iba a cometer un fraude”, revela un oficial en conversación con Infobae.
Así ocurrió
Desde la tarde del 29 de julio, entre la 1:00 y las 2:00 pm, se inicia la protesta que se extendió hasta horas de la noche. Hacia las 5:00 pm, dos Grupos de Reacción Inmediata (GRI) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llegaron a la zona, equipados con equipos antimotines, escudos, escopetas y gases lacrimógenos, así como un vehículo blindado VN4.
Un grupo de militares se ubicó frente al periódico El Aragüeño, mientras otro formó un cordón de seguridad cerca de la entrada principal de la Brigada de paracaidistas, colocando rejillas a modo de muro de contención para impedir el avance de los manifestantes.
El informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para el caso Venezuela, logra documentar lo que ocurrió ese día cuando “dentro de la Brigada, efectivos de la GNB y del Ejército, armados con escopetas y fusiles AK-103333, se apostaron tras la verja y sobre el dintel de entrada”.
“En el exterior, junto a la GNB, también se encontraban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Según testimonios recabados, tras aproximadamente 30 minutos, la GNB comenzó a disparar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, sin emitir advertencia previa”.
La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes respondió lanzando piedras, palos, botellas y bombas incendiarias de fabricación casera contra los funcionarios. La reacción de la GNB y el Ejército fue contundente.
“Los funcionarios de la GNB y los soldados del Ejército respondieron con disparos de escopeta y gases lacrimógenos contra las personas que se manifestaban, generándose un caos debido al humo de los gases y a las múltiples detonaciones que se escuchaban”, destaca el Informe.
La Cadena de Mando
La investigación de la Misión de Determinación de los Hechos revela la cadena de mando claramente definida, encabezada por Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El ministro del Interior y Justicia, MG (GNB) Néstor Luis Reverol Torres.
El general en jefe (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), coordinaba el despliegue de unidades militares, incluida la GNB, aunque sin ejercer control operativo directo sobre el orden público.
Durante este periodo, la Comandancia General de la GNB estaba bajo el mando del MG (GNB) Elio Ramón Estrada Paredes, responsable del despliegue en el Estado de Bolívar y la coordinación con el Ejército para impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
En el contexto de la represión en Maracay, la estructura de mando de la GNB se articuló a través de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Áreas de Defensa Integral (ADI) y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI).
La Misión determinó que el comandante de la zona 42 de la GNB recibía órdenes tanto de la REDI Central como de la ZODI Aragua No. 44, manteniéndose bajo la cadena de mando interna de la GNB, pero sin recibir instrucciones directas sobre intervenciones de orden público.
El Informe de la Misión identificó a los funcionarios en la cadena de mando durante la intervención del 29 y 30 de julio de 2024: Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la REDI Central hasta el 16 de octubre de 2024, con jurisdicción sobre Aragua, Carabobo y Yaracuy.
También, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, general de división de Ejército, comandante de la ZODI Aragua No. 44, igualmente sancionado por Estados Unidos el 27 de noviembre de 2024. Rufo Daniel Parra Hernández, general de brigada de la GNB, comandante de Zona GNB-42 Aragua.
Aunque no ha sido identificado al responsable de la intervención en Maracay, la Misión señala al comandante del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI), cuyas unidades motorizadas de respuesta rápida, constituyen el último eslabón de la cadena de mando bajo la ZODI.
Tras los eventos fatales en Maracay, Nicolás Maduro Moros ascendió al entonces general de división (Ej) Orlando Ramón Romero Bolívar a Mayor General y comandante general de la Milicia Bolivariana, el 14 de octubre de 2024.
El 27 de noviembre, Romero Bolívar fue sancionado, junto a otros 20 oficiales, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), en cumplimiento de la orden ejecutiva 13692, por su participación en la represión contra la sociedad civil durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024
La inercia fiscal
En el marco de las protestas ocurridas en la redoma del obelisco de San Jacinto, el Ministerio Público centró su investigación únicamente en el caso del sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Antonio Torrents Blanco. De las siete víctimas registradas, Torrents es el único para quien se abrió un expediente individual (MP-135787-2024), distinto al expediente colectivo asignado al resto de los fallecidos (135789-2024). La versión oficial atribuye la muerte del sargento a “ataques de grupos violentos”.
Durante una reunión con el Consejo de Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, el 12 de agosto de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab Halabi, responsabilizó de las muertes en las protestas electorales a “grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados comanditos”, dijo en alusión a los grupos organizados por María Corina Machado para las elecciones del 28J.
Saab Halabi señaló directamente a Reiner José Márquez Velásquez como responsable de la muerte de Torrents, quien dijo que ya se encuentra detenido y enfrenta la “máxima pena”.
Posteriormente, en un encuentro con el cuerpo diplomático, el 21 de agosto de 2024, el titular del Ministerio Público aseguró que “el 70 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por los grupos delincuenciales” y descartó cualquier responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo los hechos de la Redoma de San Jacinto. Esta postura se tradujo en la ausencia de investigaciones sobre la posible implicación de funcionarios de seguridad, entre ellos la GNB.
Respecto a las muertes de los seis manifestantes restantes, el fiscal solo presentó, el 11 de noviembre de 2024, las carátulas de los expedientes, indicando la causa de los fallecimientos. La Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos para el caso Venezuela, dijo que, hasta el cierre del informe, no se reportan avances en esas investigaciones.
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