Una operación militar estadounidense culminó esta semana con la incautación del petrolero venezolano Skipper frente a las costas de Venezuela. La embarcación, cargada con casi dos millones de barriles de crudo venezolano y registrada a nombre de la firma Triton Navigation Corp. en las Islas Marshall, representaba un engranaje central en la red de cooperación energética y financiera entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Cuba, según investigaciones citadas por The New York Times y The Economist.
El Skipper zarpó el 4 de diciembre con su cargamento de petróleo pesado desde Venezuela. Documentos internos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y declaraciones de funcionarios de la industria petrolera recogidos por The New York Times identifican que el destino declarado de la embarcación era el puerto cubano de Matanzas, bajo contrato conjunto entre Cubametales, la comercializadora estatal cubana, y una compañía ligada al comerciante panameño Ramón Carretero.
Este empresario, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha manejado una fracción sustancial del flujo de crudo entre Caracas y La Habana, facilitando operaciones que, en muchos casos, eluden el mercado internacional tradicional.
De acuerdo con datos presentados en The New York Times, las firmas de Carretero han gestionado hasta una cuarta parte del crudo exportado por PDVSA, mientras que Cubametales obtuvo en lo que va del año contratos por unos 65.000 barriles diarios, cifra que creció 29% respecto de 2024 y supera ampliamente las compras del año anterior.
El tránsito del Skipper incluyó la transferencia de una modesta cantidad del crudo –50.000 barriles– al buque Neptune 6, que luego se dirigió hacia Cuba, según la firma Kpler de datos marítimos. El resto del cargamento del Skipper, sin embargo, apuntó hacia Asia, lo que corresponde a una modalidad frecuente: parte del petróleo supuestamente destinado a la isla termina siendo revendido en el mercado asiático, en particular en China, para obtener divisas esenciales que alivian la situación económica del régimen cubano.
La operación de incautación ocurrió el 10 de diciembre, cuando tropas de elite estadounidenses abordaron el Skipper desde helicópteros Black Hawk. The Economist consignó que no se produjeron enfrentamientos y que la tripulación, compuesta en su mayoría por marinos rusos, no planteó resistencia.
El gobierno estadounidense comunicó que la captura del petrolero responde a la política de sanciones contra el régimen de Maduro y sus aliados. La fiscal general estadounidense Pam Bondi aseguró que la acción se justificó porque el buque transportaba crudo venezolano e iraní eludiendo sanciones, mientras que el presidente Donald Trump afirmó: “Fue confiscado por una muy buena razón” y estimó el valor del crudo en alrededor de 80 millones de dólares.
Autoridades del régimen cubano calificaron la incautación como un “acto de piratería y terrorismo marítimo”, denunciando que esta política busca obstaculizar el intercambio de recursos energéticos entre Venezuela y Cuba. Caracas declaró que la intervención representa otro caso de lo que consideró “piratería” y “secuestro” en aguas internacionales por parte de Washington.
La Casa Blanca y funcionarios estadounidenses indicaron a The Economist que la acción sobre el Skipper no será la última, agregando que existen planes para intervenir otras embarcaciones involucradas en la red de exportación petrolera venezolana.
El despliegue de una fuerza naval en el Caribe por parte de Estados Unidos se presenta oficialmente como parte de una campaña contra el narcotráfico, pero fuentes citadas por The Economist vinculan este dispositivo también con la presión hacia la salida de Maduro del poder. En ese sentido, expertos consultados, como Francisco J. Monaldi de la Universidad Rice, destacan el funcionamiento de una flota de “buques fantasma” vinculada a Venezuela, Irán y Rusia. Estas naves operan desde 2019 con nombres y banderas cambiantes, transpondedores apagados y propiedad registrada en empresas de papel, lo que dificulta su rastreo y permite sortear sanciones comerciales.
El costo de las maniobras para el régimen venezolano se proyecta en el alza de tarifas de fletes y comisiones para los intermediarios que operan estos buques, que con cada nuevo operativo incrementan sus primas de riesgo. Empresarios que colaboran con el régimen venezolano, entrevistados por The Economist, estiman que este encarecimiento puede reducir aún más el margen de beneficio para PDVSA y complicar el acceso a compradores dispuestos a asumir riesgos legales y financieros aumentados. La estatal venezolana exige desde hace meses el pago adelantado de la carga antes de que los buques zarpen, una condición que, tras lo ocurrido con el Skipper, pocos intermediarios aceptarían sin mayores garantías.
Las sanciones y operativos norteamericanos afectan no solo la economía venezolana, sino también la cubana, dada la dependencia energética de la isla. The New York Times documentó que los embarques de crudo venezolano son insuficientes para resolver las crisis de abastecimiento y apagones en Cuba, aunque sigue conformando un factor decisivo en la supervivencia política y financiera del régimen de La Habana.
La operación, según analistas citados por ambos medios, también marca un nuevo episodio en el enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Irán y Rusia, actores que compiten y cooperan a la vez en el mercado global de crudo sancionado.
Por el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales tras la incautación, que abre un nuevo capítulo en la estrategia de presión sobre los regímenes de Caracas y La Habana.
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