Frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, familiares de presas políticas venezolanas y activistas de derechos humanos denunciaron el fenómeno de la “violencia política basada en género” que, de acuerdo con su conteo, afecta a 178 mujeres en el país.
La protesta, organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reunió a representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), quienes hicieron entrega de una carta a la oficina local de ONU Mujeres. En el documento solicitaban que la situación de las mujeres encarceladas por motivos políticos sea incluida en la agenda global de ese organismo sobre violencia de género.
La misiva planteó la necesidad de que la ONU intervenga ante el régimen venezolano para que se asegure la “liberación inmediata e incondicional” de todas las mujeres detenidas por causas políticas y propuso la incorporación de un apartado explícito sobre Venezuela en futuros informes del organismo internacional, argumentando que la represión de la dictadura chavista tiene un componente de género especialmente lesivo.
Según el Comité, las condiciones en que estas mujeres permanecen privadas de libertad contravienen principios básicos de dignidad e integridad y constituyen una vulneración grave de sus derechos fundamentales. “La represión política no es neutral al género”, sostuvieron.
En su testimonio durante la protesta, Miriam Marrero, madre de Carla Da Silva, denunció que el sufrimiento se extiende a todo el entorno familiar, reflejando una experiencia constante de maltrato institucional. Marrero relató que su hija está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, después de haber sido arrestada por su mera relación con una persona supuestamente vinculada a un plan de invasión, lo que desde el Clipp se califica como “culpa por asociación”.
A la par, cifras del Foro Penal contabilizan 884 presos políticos en Venezuela al 17 de noviembre, incluidas 116 mujeres. El régimen de Nicolás Maduro y la fiscalía nacional rechazan la existencia de detenciones por motivación política y atribuyen los encarcelamientos a la comisión de delitos, una versión que contradicen ONG y figuras de la oposición nacional.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido que dirige la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, alertó el domingo pasado sobre una nueva fase represiva en el país con al menos 14 detenciones registradas en noviembre bajo la dictadura de Nicolás Maduro.
Según las autoridades que investigan los hechos, desde las filas opositoras al régimen remarcan que estos secuestros alcanzaron tanto a miembros de la oposición como a personas sin afiliación política, despertando alarma entre organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que reclaman la liberación de los arrestados y llaman a la comunidad internacional a reaccionar frente a la persecución del régimen chavista.
El reporte publicado por Vente Venezuela en la red social X detalla que entre los privados de libertad figuran cuatro activistas del propio partido, tres pertenecientes a otras fuerzas opositoras y siete ciudadanos de la sociedad civil. Hasta el final del mes solo se habría producido una excarcelación, permaneciendo el resto de los detenidos bajo custodia de los cuerpos de seguridad estatales.
Tanto portavoces del partido como del comité de derechos humanos subrayaron que la cifra de víctimas podría ser superior, ya que muchos familiares, ante el temor a represalias, prefieren no hacer públicos los casos ni presentar denuncias formales.
(Con información de EFE)
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