La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles que otorgó medidas cautelares a favor del ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez y otros tres ciudadanos por considerar que están en una situación “de gravedad y urgencia”.
“Sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”, agregó, en un comunicado, el organismo multilateral.
Márquez, de 62 años, fue uno de los candidatos de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 y se encuentra detenido desde el 7 de enero, cuando “fue interceptado por cuatro hombres armados y vestidos de civil”, detalló la resolución.
“La parte solicitante resaltó que tuvo conocimiento de que fue aprehendido por agentes estatales a través de una declaración pública del Ministerio del Interior”, agregó.
En este sentido, la comisión encontró que la situación de detención de Márquez, “la falta de comunicación” con sus familiares, “la ausencia de información sobre sus condiciones de detención”, así como su “estado de salud actual” lo exponen a “mayor afectación” a sus derechos.
La resolución de la CIDH cobija igualmente con medidas cautelares a los ciudadanos Macario Bonifacio González Arias —también a su núcleo familiar, hija y nieta—, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres.
González Arias, de 73 años, fue diputado a la Asamblea Nacional (Parlamento), alcalde en el estado Lara (occidente) y dirigente del partido opositor Voluntad Popular. La CIDH señaló que “se desconoce su paradero” desde el mes de septiembre, cuando fue detenido.
En la misma situación, indicó la Comisión, se encuentran Merys Torres y Ana Zoris Gutiérrez.
La CIDH destacó que familiares y representantes enfrentan la “imposibilidad” de “activar acciones internas efectivas” para proteger sus derechos.
En este sentido, la resolución solicitó al Estado venezolano que “adopte las medidas necesarias” para proteger los derechos de esas personas, “informe” si los beneficiarios se encuentran bajo custodia y, en ese caso, “indique el lugar, el motivo y las circunstancias de su detención”.
Entre otras cosas, solicitó que se “facilite la comunicación” con familiares y abogados “de confianza”, informe si “les han imputado delitos y sin han sido presentados ante un tribunal”, así como realizar “de inmediato” una revisión médica y que “garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado”, cuyos resultados sean informados a sus parientes y representantes.
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza hasta este miércoles 1.080 presos políticos en el país, de los cuales, según sus registros, 224 pertenecen a organizaciones políticas y 564 son parte de la sociedad civil.
Por su parte, la ONG Foro Penal, que también asiste a presos políticos, contabiliza menos casos. Hasta el 10 de noviembre, su registro incluye un total de 882 presos políticos en el país y reporta que “se desconoce el paradero” de 59 personas.
La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de “fraude” de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El régimen de Nicolás Maduro y también el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que —aseguran— cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.
(Con información de EFE)
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