La dictadura de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a Marggie Orozco, una médica venezolana de 65 años oriunda del estado Táchira, tras la difusión de un audio de WhatsApp donde criticaba al régimen chavista por la crisis en el país.
La organización Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la sentencia contra Orozco y señaló que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”.
La sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre por un tribunal penal tras una denuncia promovida por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una estructura bajo control del chavismo, y se justificó bajo cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.
La detención de Marggie Orozco ocurrió la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, una localidad andina próxima a la frontera con Colombia. La acusación surgió después de que la médica compartiera en un grupo de WhatsApp un mensaje donde instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.
Según testimonios de su familia y organizaciones de derechos humanos, la denuncia ante las autoridades fue presentada por una representante local del CLAP, figura que cumple funciones de control social y distribución de alimentos bajo supervisión del régimen.
Tras su detención, Orozco fue recluida en una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El 15 de septiembre, un mes después del arresto, sufrió un infarto dentro del centro de detención y requirió atención médica urgente en el hospital central de San Cristóbal.
Pese a su frágil estado de salud, funcionarios serviles a Maduro la trasladaron poco después al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, sin consideraciones para su tratamiento, según denunció su esposo, Luis Molina.
“Tiene problemas de corazón y depresión desde 2013. La reclusión la ha deteriorado aún más”, manifestó Molina a medios locales.
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) han advertido que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que incluyeron la negación del derecho a la defensa y la falta de garantías mínimas en el juicio.
El ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, también confirmó la sentencia contra Orozco y la calificó como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.
Amnistía Internacional y otras entidades independientes han registrado un patrón de castigo legal orientado a disuadir la disidencia, incluso cuando se trata de simples opiniones transmitidas por plataformas privadas.
El caso de Marggie Orozco no es aislado en el contexto venezolano. Tras los comicios del 28 de julio, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, dos jóvenes emprendedoras, fueron condenadas a una década de prisión tras ser contactadas por un falso cliente que solicitó camisetas con imágenes críticas hacia el régimen chavista.
La solicitud, realizada por un agente encubierto, les valió un cargo de incitación al odio en un tribunal en el estado Mérida. Periodistas y activistas destacan que este tipo de “falsos positivos” buscan exhibir resultados en la persecución de delitos políticos y obtener ascensos dentro de la estructura policial.
El control de la información digital va más allá de sentencias judiciales. Venezuela registra un ecosistema sofisticado de monitoreo ciudadano. Aplicaciones promovidas oficialmente, como VenApp, recolectan datos personales y de geolocalización con el argumento de gestionar servicios públicos, pero han sido utilizadas para centralizar reportes sobre movilizaciones sociales o protestas.
Informes de organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han documentado prácticas sistemáticas de vigilancia, interceptación de comunicaciones y monitoreo de redes sociales, prácticas que dejan al descubierto un entorno de riesgo para la privacidad y la libertad digital.
La represión digital se alimenta también de mecanismos de delación entre ciudadanos, promovidos en comunidades a través de programas sociales y estructuras de control estatal. Desde figuras de base como líderes de los CLAP hasta aplicaciones móviles, la estructura del régimen incentiva la vigilancia comunitaria y la denuncia. En este marco, la frontera entre el espacio público y privado se disuelve, y cualquier mensaje o imagen crítica puede convertirse en evidencia contra sus emisores.
El caso Orozco y antecedentes recientes confirman que la libertad de expresión en Venezuela enfrenta obstáculos cada vez mayores mediante una combinación de vigilancia tecnológica y judicialización de la opinión. Todo esto ocurre en un contexto de severa crisis de derechos humanos y escasa pluralidad de voces, situando al país en el centro del debate sobre la erosión de las libertades fundamentales en América Latina.
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