La persecución política en Venezuela se ha acentuado desde principios de año, según aseguró este miércoles la relatora para el país caribeño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De Mees manifestó que la represión hacia voces disidentes “se ha intensificado, lo que revela una profundización del autoritarismo”, al tiempo que solicitó al régimen de Nicolás Maduro autorización para visitar la cárcel de El Helicoide, en Caracas.
La relatora detalló que la CIDH mantiene el objetivo de realizar una misión en El Helicoide, el principal centro de detención de opositores políticos en la capital venezolana, que organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado reiteradamente de “centro de torturas”. La comisión busca que la visita se concrete antes de finalizar el año, pero ha enfrentado una serie de negativas por parte de las autoridades venezolanas.
De acuerdo con el recuento expuesto por De Mees en la sesión, la última delegación de la CIDH que ingresó a Venezuela lo hizo en 2002, mientras que solicitudes formales en 2017 y 2020 también fueron rechazadas por la dictadura bolivariana.
En su intervención especial, solicitada por Argentina, De Mees recordó que la CIDH emitió el año pasado medidas cautelares para 23 situaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en el país y en lo que va de 2025 ya fueron emitidas 25, lo que —en palabras de la relatora— demuestra un agravamiento sostenido de la crisis. La funcionaria subrayó que “lamentablemente la situación no ha mejorado, sino que se ha deteriorado”, y subrayó el compromiso de la comisión con la protección de las personas afectadas.
El rol de El Helicoide como centro de detención política y la falta de acceso han sido objeto de preocupación internacional. De Mees aseguró que la CIDH ha recibido “información alarmante” sobre las condiciones internas del recinto, donde se habrían documentado “graves violaciones a los derechos humanos”. No obstante las negativas del régimen venezolano, la CIDH insiste en la importancia de constatar la situación “in situ”.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó su respaldo a la solicitud de la comisión, señalando en redes sociales que una visita “in loco” constituiría un avance concreto para la transparencia y la protección de la dignidad humana. Ramdin calificó la situación como urgente y remarcó la importancia de la rendición de cuentas.
En uno de sus informes recientes, De Mees denunció que la represión se agudizó a partir de las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se declaró reelecto en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que presentó actas de votación que favorecían al candidato Edmundo González Urrutia.
Desde 2013, Venezuela se encuentra fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, cuya sede está en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, Costa Rica. La desvinculación formal se concretó el 10 de septiembre de 2013, tras la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos presentada en 2012 bajo el régimen de Hugo Chávez. Pese a esto, la CIDH ha mantenido su postura de que sigue siendo competente sobre Venezuela y considera inválida la retirada impulsada por el chavismo.
El régimen chavista continúa cuestionando la jurisdicción del sistema interamericano. La Corte IDH reiteró recientemente a Caracas que sus sentencias deben cumplirse, a pesar de las divergencias políticas, recordando que “lo que está en juego no es solamente el acceso a lugares de detención, es la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano en su conjunto”, según expresó De Mees frente a los embajadores de la región.
(Con información de AFP y EFE)
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