La misión de la ONU expuso en Ginebra el informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en Venezuela durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024. El documento también detalla la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista.

El archivo presentado abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 y tiene como objetivo mostrar ante la comunidad internacional los patrones de represión sistemática que, según la Misión, persisten en el país caribeño. El documento sostiene que la represión posterior a los comicios representa la continuación de un plan orientado a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal.

Entre los hallazgos más relevantes, la Misión documenta graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias de adultos y adolescentes, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas y muertes de manifestantes. El informe indica que entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 se registraron 220 detenciones de menores de edad: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no pudo determinarse, con edades entre 12 y 17 años. Además, se reportaron 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta de este delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores.

En el contexto de las protestas poselectorales, el informe destaca la muerte de dos adolescentes, Isaías Fuenmayor (15 años) y Ángel Mora (17 años), así como la detención continuada de otros cuatro menores. En total, la Misión registró 25 muertes durante el periodo postelectoral, sin encontrar evidencia que las vincule con las principales figuras de la oposición, sus organizaciones políticas o los denominados “comanditos”. También se documentaron cinco muertes bajo custodia y tres fallecimientos relacionados con negligencia estatal y falta de atención médica oportuna.

El informe dedica un apartado específico a la violencia sexual y de género, identificando 22 casos documentados en seis estados del país. Las víctimas incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad, quienes sufrieron estos abusos en el contexto postelectoral. Entre los patrones identificados figuran sexo transaccional coercitivo, posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada, descargas eléctricas en genitales y desnudez forzada.

La represión contra periodistas y trabajadores de la prensa también ocupa un lugar destacado en el informe. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión documentó al menos 18 detenciones arbitrarias de comunicadores, realizadas sin órdenes de captura ni en situaciones de flagrancia. Según la organización Espacio Público, en 2024 se reportaron 99 detenciones de trabajadores de la prensa, lo que representa un incremento del 254 % respecto a los 28 casos registrados en 2023. Al cierre del informe, 11 periodistas (10 hombres y una mujer) permanecían detenidos por ejercer su labor periodística, mientras que otros tres seguían privados de libertad por su activismo político y opiniones. Además, se contabilizaron 199 casos de intimidación, 127 de censura y 80 de hostigamiento judicial contra comunicadores y medios.

El contexto postelectoral venezolano, según la Misión, se caracteriza por una represión exacerbada y la criminalización de la expresión digital, así como por la restricción del espacio cívico. El informe subraya la continuidad de un plan sistemático para silenciar a la oposición y a quienes sean percibidos como disidentes, afectando de manera particular a menores de edad y manifestantes.

En respuesta a la presentación del informe, varios países expresaron su preocupación y exigieron acciones concretas durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos.

La Unión Europea manifestó su profunda preocupación por los actos de represión mencionados en el informe, especialmente contra quienes disienten. La UE instó a investigar los hechos y a que los responsables rindan cuentas, además de exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, incluidos extranjeros, y el cese de las detenciones arbitrarias. También pidió que se retiren las acusaciones contra las organizaciones no gubernamentales.

España se sumó a la evaluación de la UE, señalando que el informe demuestra que la represión se intensificó después de las elecciones de 2024. El país exigió la inmediata e incondicional liberación de todos los detenidos arbitrariamente y reveló que cuenta con 4 detenidos y 16 doble nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela.

Argentina condenó especialmente la práctica de detener arbitrariamente a extranjeros y mantenerlos en aislamiento, situación que calificó como desaparición forzada. El país exigió la liberación de personas detenidas arbitrariamente, el cese del hostigamiento a ONGs y la cooperación con la misión del Alto Comisionado. En una intervención emotiva, Argentina hizo referencia al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido, expresando esperanza de que Venezuela “se contagie de un virus maravilloso, el del respeto a la vida, la democracia y la libertad”.

Chile describió el informe como evidencia de “la reactivación de la represión en Venezuela”, calificando las conclusiones como alarmantes por documentar la represión a la disidencia y oposición. El país instó al Estado venezolano a cesar estas prácticas.

Brasil manifestó que sigue atento a la situación en Venezuela e instó a las autoridades a mejorar la situación de derechos humanos. Expresó preocupaciones por las detenciones de carácter político, aunque también mostró inquietud por las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela que tienen impacto en los derechos humanos. Brasil también expresó preocupación por ataques de EEUU a supuestos barcos de narcotraficantes procedentes de Venezuela, que calificó de “ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales que, si se confirman, constituirían una grave violación del derecho internacional”.

Paraguay señaló que la situación de derechos humanos en Venezuela se agravó tras las elecciones en 2024. El país reiteró su llamado a las autoridades venezolanas para que garanticen el pleno respeto de la voluntad del pueblo venezolano.

Perú expresó una vez más su preocupación por el nivel de acoso, encarcelamiento de disidentes, desaparición forzada y hostigamiento de periodistas y disidentes. El país rechazó la detención arbitraria de dos ciudadanos peruanos y exigió a las autoridades respetar sus derechos y brindar información sobre ellos.

La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó que el Consejo Electoral venezolano aún no ha publicado las hojas de recuento más de un año después de las elecciones, lo que socava la credibilidad del proceso. La OEA señaló que nadie ha rendido cuentas por las 25 ejecuciones reconocidas por el propio Estado relacionadas con las protestas por el resultado electoral, y denunció que las instituciones del Estado están diseñadas como instrumentos para perpetuar al gobierno en el poder.

En respuesta a la presentación del informe, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a prestar atención a la exposición ante el Consejo de Derechos Humanos y a implementar acciones para frenar los crímenes documentados.