El régimen venezolano le niega la atención médica a un preso político que está en riesgo de muerte y recluido “en condiciones infrahumanas”

El empresario Ricardo Albacete y el activista de Voluntad Popular Aldo Roso no se conocían hasta el día de la audiencia telemática ante Ángel Betancourt Martínez, un juez actualmente preso por corrupción. Aun así funcionarios de régimen señalaron a Albacete y Roso de ser cómplices en múltiples delitos; la verdadera razón es la brutal arremetida del régimen contra el empresario por darle posada a María Corina Machado durante la campaña para las presidenciales. Albacete fue liberado y desterrado; Roso, de 70 años, sigue preso y con un acceso testicular que degeneró en tumor y amenaza su vida.

Los médicos han ordenado que Roso sea trasladado al Hospital para ser intervenido con urgencia, pero las autoridades penitenciarias no autorizan el traslado, a pesar del visible aumento de la “hernia inguinoescrotal izquierda con pérdida de domicilio testicular, acompañada de hidrocele izquierda”, reza el informe del urólogo, aunado a las patologías crónicas que sufre: hipertensión arterial y diabetes tipo 2.

El septuagenario es maestro de albañilería, profesor de fútbol de sala y activista del partido Voluntad Popular, desempeñándose como jefe de campaña de la parroquia El Valle en apoyo a Edmundo González Urrutia, siendo detenido la tarde del 4 de julio 2024 de su vivienda en Longaray, El Valle, y lo presentaron ante el juez Tercero de Contral contra el Terrorismo, el 11 de julio 2024.

Su hija, Yuly del Valle Roso Quintero, en una comunicación del 29 de julio 2025, dice que su papá, preso desde el 4 de julio 2024, está recluido en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara, Caracas.

Destaca que el informe médico forense, de febrero de 2025, lograron que lo hicieran después de la solicitud que dos meses antes le hiciera al Fiscal General, Tarek William Saab Halabi.“Esa vez le insistí en la necesidad de someterlo a una intervención quirúrgica con urgencia”.

Después de tanto insistir un médico forense evaluó a Roso en febrero. El informe médico forense “era para agilizar el caso de mi papá en tribunales por razones de salud, pero esta es la fecha que aún no ha llegado al tribunal, a pesar de que eso se conversó con la Dirección General de Derechos Humanos y de nuestras constantes visitas al tribual”.

“Las condiciones de reclusión de mi padre son infrahumanas, el agua no es potable, existe un hacinamiento de 600 detenidos en un espacio muy reducido. Está encerrado durante todo el día, muchas veces se trasnocha. No está recibiendo cuidados básicos, una que otra vez es que los detenidos reciben visita de un médico, ve a los detenidos y ya, les receta medicamentos, algunas veces le dan un paliativo, pero más nada. La comida es escasa y mala, hay plagas de insectos y ratas, y los brotes de enfermedades son comunes”.

A Roso lo detienen cuando durante la campaña fue el encargado de alquilar unos autobuses para una concentración de María Corina en Caracas. Los funcionarios le quitaron el teléfono, lo esposaron y contra su voluntad lo subieron a una camioneta. Como si fuera un delito señalaron que en su teléfono tenía fotos con dirigentes de Oposición, como Freddy Superlano, Roland Carreño, Jesús Armas y María Corina Machado.

El 13 de septiembre de 2024, Roso es presentado ante el Tribunal Tercero de Control en Terrorismo y vinculado con Ricardo Albacete Vidal, quien estaba detenido desde el 11 de julio de 2024, señalándolos de un supuesto plan de sabotaje al sistema eléctrico nacional, acusándolos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de material estratégico y atentado a la seguridad eléctrica nacional.

El régimen venezolano no cumple las medidas cautelares emitidas, hace más de un mes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por su parte, sustenta las medidas de protección considerando que “Aldo Roso Vargas se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

La Comisión Interamericana le solicita a Venezuela que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Aldo Roso Vargas”, además de “asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables”.

Exige que se le realice “de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantizar la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes” abogando porque su familia y abogado de confianza visiten a Roso “sin impedimentos”.

El régimen debe “brindar información sobre la situación jurídica” de Roso Vargas permitiéndole “a su abogado de confianza que pueda acceder a su expediente penal y presentar los recursos que considere pertinente a su favor”, entre otras medidas.

El empresario Ricardo Albacete le dio posada a María Corina Machado durante la campaña para las elecciones del 28 de julio de 2024, fue quien diseñó el camioncito tarima, llamado corinamóvil, que la líder opositora usó en algunos eventos. Las consecuencias contra Albacete fueron devastadoras; fue perseguido y encarcelado, le destruyeron su empresa en el Táchira, los funcionarios se robaron todo y, además arremetieron contra sus colaboradores, empleados y su familia.

En esa furia el régimen arrastró a un humilde activista de Voluntad Popular, quien vivía en El Valle, Caracas y tiene 70 años. Aunque Albacete no conocía a Aldo Roso Vargas, los acusaron de cómplices en muchos delitos forjados y amañados.

Albacete estuvo más de cinco meses en prisión, fue víctima de desaparición forzada y luego desterrado a España, pero Aldo Roso sigue preso y con una grave lesión testicular.

Con la Resolución 57/2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Aldo Roso Vargas, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la salud, vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Durante la campaña para las presidenciales del 28J los cuerpos de inteligencia espiaban, acosaban y perseguían a María Corina Machado; prohibieron a las líneas aérea venderle pasajes, sancionaban a hoteles, posadas, restaurantes y ventas de comida que le prestaran servicio.

Cuando la líder opositora viajó al fronterizo estado Táchira, Albacete la hospedó en su vivienda del municipio Guásimos. Casi de inmediato, la arremetida del régimen contra él fue brutal, no solo porque lo detuvieron y arrasaron con sus bienes, sino porque Julio García, uno de sus colaboradores en la construcción de la tarima rodante, fue asesinado el día de las elecciones.

Hay datos y evidencias que indican que quienes le quitan la vida a García, el 28 de julio 2024, en el sector Patiecitos del municipio Guásimos, fueron miembros de colectivos y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las autoridades no han procedido a investigar ni esclarecer el caso.

Los trabajadores de la empresa Gurimetal, que Albacete levantó durante años en Pueblo Chiquito, fueron privados ilegítimamente de su libertad por mas de 12 horas, amenazados, coaccionados y victimas de persecución, pérdida de sus puestos de trabajo y fuente de sus recursos para sostenerse.

En el allanamiento a una vivienda que Albacete tiene en Mérida, privaron de libertad, por más de 15 horas, a la persona que ayudaba en la labores domésticas; el hijo de la mujer, un niño que era paciente renal que vivía con los Albacete, estaba en el hospital para ser intervenido de urgencia.

Un funcionario, que después cayó preso por extorsión a otras víctimas, no le permitió a la mujer que asistiera a firmar la autorización para la operación del niño, lo que trajo como consecuencia que el niño se agravara; el retardo en la operación fue fatal y once días más tarde falleció por la infección renal.

Mientras Albacete era detenido en Caracas donde estaba dándole apoyo a María Corina con el camioncito, su fábrica, así como su vivienda en Táchira, fueron allanadas por más de 200 policías, en un operativo monstruoso.

De su vivienda en Mérida, los funcionarios se robaron todo, incluyendo prendas de la suegra de Albacete que había fallecido recientemente, incluso los aparatos médicos que la ayudban a respirar, plantas de auxilio de energia, neveras, cocinas, colchones, computadores, televisores, licuadoras hasta la cubertería.

La fábrica Gurimetal en Pueblo Chiquito, Táchira, la saquearon y desvalijaron, llevándose plantas eléctricas, vivienda modular, líneas de producción, mas de ocho mil tipos de productos de la ferretería industrial, más de 300 mil sacapuntas, montacargas, equipos, maquinarias, cámaras de vigilancia, estructuras de galpones, químicos, materias primas de plástico y bakelita.

Se robaron escritorios y más de 72 computadoras, parte de las cuales pararon en la Alcaldía de Guásimos que ahora dirige Soraida Parra. Unos de los vehículos de los Albacete fue convertido en vehículo policial. Se llevaron transformadores eléctricos, impresoras y 94 fotocopiadoras.

La vivienda fue vandalizada por los funcionarios que se robaron incluyendo fotos, cuadros, equipos de cocina, colchones, camas, se apoderaron de la vivienda, donde hacen fiestas, liban licor, llevan mujeres y hacen bacanales

Todos los empleados quedaron en la calle, amenazándolos con detenerlos, les arruinaron la vida a esas familias y a la de Albacete también, porque sus hijas tuvieron que irse del país, cuando las intentaron perseguir y abrirles causas forjadas.