La primera instalación flotante para producir crudo en un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord Resources Corp (CCRC) ya está en el Lago de Maracaibo. La Alula, una plataforma autoelevable, cruzó el puente del lago y se dirige a Lagunillas, según Reuters.
La movida es el primer gran despliegue de infraestructura en años en la segunda zona productora del país. CCRC apunta a reactivar dos campos —Lago Cinco y Lagunillas Lago— y llevar la producción desde los 12.000 barriles diarios actuales hasta 60.000 a fines de 2026.
El arribo de la Alula corona una negociación que CCRC inició el año pasado con PDVSA bajo un esquema de contrato de producción compartida por 20 años, creado en 2020 para operar en un entorno de sanciones. La estatal y el Ministerio de Petróleo no respondieron a pedidos de comentario, informó Reuters.
La empresa china trasladó personal técnico desde Zhoushan con el objetivo de reabrir de forma acelerada alrededor de 100 pozos. El diseño operativo prevé una canasta de crudos: el ligero quedará para PDVSA; los grados más pesados irán a China, de acuerdo con fuentes citadas por la agencia.
CCRC no es un gigante estatal como CNPC o Sinopec. Su desembarco directo en operación upstream es poco común para una firma privada china en un miembro de la OPEP bajo sanciones, matiz central para no sobredimensionar la inversión.
La propia CCRC reconoce el vacío que dejaron las sanciones. “Debido a las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero de Venezuela, ninguna gran empresa se atrevería a operar allí, dejando las oportunidades a compañías pequeñas como Concord”, dijo a Reuters un ejecutivo implicado en el proyecto.
El régimen de Nicolás Maduro necesita oxígeno. PDVSA estabilizó la producción venezolana en torno a 1 millón barriles por día este año; las exportaciones subieron en agosto a un máximo de nueve meses, unos 966.500 barriles por día. Son avances relativos frente a un aparato petrolero deteriorado.
El marco legal que permitió este acuerdo es la Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el chavismo. La norma autoriza al régimen a firmar contratos con empresas privadas —como el de China Concord— sin pasar por el Parlamento ni por mecanismos de supervisión pública. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), esta ley abre la puerta a la entrada de capital extranjero en el sector petrolero, pero al mismo tiempo concentra el poder en manos de Maduro y reduce los contrapesos institucionales.
El movimiento chino ocurre en un Caribe con tensión militar creciente. Esta semana, Washington confirmó un despliegue mayor al habitual de buques en el sur del Caribe, con al menos siete unidades y un submarino de ataque rápido, como parte de la ofensiva contra el narcotráfico.
En ese contexto, el martes fuerzas estadounidenses realizaron un ataque letal contra una embarcación procedente de Venezuela “sospechosa de transportar narcóticos”. “Acabamos de, en los últimos minutos, literalmente hundir un barco, un barco que transportaba drogas”, dijo el presidente Donald Trump ante la prensa en la Casa Blanca. El operativo dejó 11 muertos.
Maduro denunció que el “despliegue naval” busca un cambio de régimen. “Ellos están buscando un cambio de régimen mediante una amenaza militar”, afirmó en conferencia de prensa en Caracas.
Las acusaciones de Washington no son nuevas. En 2020, el Departamento de Justicia imputó a Maduro y a otros altos cargos por narcoterrorismo y describió su papel en el Cartel de los Soles.
El 7 de agosto pasado, Estados Unidos duplicó la recompensa por información que lleve a la detención de Maduro, a 50 millones de dólares. La administración justificó el aumento por presuntos vínculos con redes criminales.
Para Beijing, el esquema asegura barriles pesados con descuento y sin exposición corporativa de sus estatales. Para Caracas, implica caja y know-how sin ceder el control formal de los activos. Para la región, es otra pieza del avance chino en sectores estratégicos de países sancionados.
El calendario de CCRC es ambicioso. La meta de 60.000 barriles por día a fines de 2026 depende de reabrir pozos, reparar líneas y asegurar logística en una cuenca con tuberías envejecidas y cortes eléctricos. Los próximos meses fijarán si la Alula es el inicio de un rebote o una promesa más en una industria acostumbrada a anunciar más de lo que entrega.
En el tablero geopolítico, la imagen es clara: mientras el régimen de Maduro enfrenta mayor presión militar y judicial de Estados Unidos, China afianza una posición operativa en el corazón histórico del petróleo venezolano. El lago vuelve a ser noticia; esta vez, con una plataforma que mide algo más que metros: mide poder.
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