La petición de liberación inmediata de Martha Lía Grajales ha puesto en el centro del debate internacional la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha subrayado la urgencia de que tanto la familia como el abogado de la activista reciban información precisa sobre su estado y ubicación, una demanda que refleja la preocupación por la opacidad en torno a su detención.
La noticia, difundida por la oficina de Volker Turk, se origina tras la detención de Martha Lía Grajales el 8 de agosto en Caracas, luego de su participación en una manifestación. El pronunciamiento del Alto Comisionado enfatiza que las autoridades venezolanas deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la defensora, en particular el acceso a su entorno familiar y legal, así como la transparencia sobre su situación actual.
La detención de Grajales se inscribe en un contexto de creciente presión sobre activistas y defensores de derechos humanos en el país sudamericano. La exigencia de Volker Turk no solo reclama la liberación de la activista, sino que también pone de relieve la importancia de que las autoridades informen de manera inmediata y completa sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas. En palabras del Alto Comisionado, “su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero”, una declaración que resalta la dimensión humanitaria y legal del caso.
El llamado de la ONU se suma a las voces que, dentro y fuera de Venezuela, demandan garantías procesales y el respeto a los derechos humanos de quienes ejercen la defensa de libertades fundamentales. La situación de Martha Lía Grajales se ha convertido en un símbolo de las dificultades que enfrentan los defensores en el país, y la intervención de Volker Turk refuerza la presión internacional para que se adopten medidas inmediatas.
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, según un comunicado publicado este sábado. El hecho, reconocido por la Defensoría del Pueblo, involucró a un grupo de madres, niños, activistas y defensores que participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el CLIPP, el martes pasado “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. En su comunicado publicado en la red social X, la organización relató que los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.
El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables de la agresión. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.
La vigilia, en la que participaron alrededor de 50 familiares de detenidos tras las elecciones de julio de 2024 —en su mayoría madres—, se realizó para reclamar la libertad de los arrestados, al cumplirse un año de su detención. Las protestas se intensificaron luego de la reelección del dictador Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por sectores de la oposición. Las manifestaciones posteriores dejaron 28 muertos, cerca de 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Las personas arrestadas enfrentan cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden conllevar penas de 10 a 30 años de prisión, la máxima en Venezuela. La organización Foro Penal indicó que aún permanecen 807 personas privadas de libertad por razones políticas, mientras que el régimen y la Fiscalía insisten en que los detenidos enfrentan causas por diversos delitos y no por motivaciones políticas.
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