La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz comunicó este martes que está asilada desde enero en la Embajada de Colombia en Venezuela por una “persecución” en su contra, y denunció que el régimen de Nicolás Maduro se ha negado a otorgar el salvoconducto para “salir bajo la protección diplomática” hacia el país vecino.
En redes sociales, explicó que, tras permanecer escondida hasta el 11 de enero de este año por el “acoso del Gobierno nacional”, solicitó asilo en la residencia de la embajada colombiana, y dos días después fue notificada “verbalmente” de que fue concedido, por lo que, dijo, se le “pidió guardar silencio” sobre su situación y no opinar “sobre política interna”.
“He cumplido cabalmente con mi palabra hasta el día de hoy, pues las condiciones han cambiado, a partir de la publicación del informe de la ONU sobre el patrón de persecución contra mi persona que pudo detectarse”, señaló en un comunicado.
La abogada, quien denunció el año pasado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha “incumplido” con lo establecido en la ley al no publicar los resultados desglosados que prueben la controvertida victoria de Nicolás Maduro que proclamó en las presidenciales de 2024, denunció que, hace dos meses, fue notificada de que “el Gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto”, debido a que, “según ellos”, “no existía ninguna persecución”.
Díaz, quien fue presidenta de la Comisión de DDHH y Garantías Constitucionales de la chavista y extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pidió respeto a su “condición de asilada debido al peligro que representa salir de la residencia del embajador sin la debida protección” y que, en ese sentido, el régimen de Maduro “entregue el respectivo salvoconducto, en cumplimiento del derecho internacional”.
También solicitó que, “en virtud de los convenios internacionales que rigen la materia del asilo y del convenio firmado a propósito de la creación de la zona binacional entre ambos países, y como muestra de una paz duradera que empieza por el respeto a las leyes internacionales, se le dé celeridad a la solución definitiva” de su caso.
Por último, hizo un llamado a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a interceder “ante los Gobiernos respectivos” por su “protección, seguridad y el respectivo salvoconducto”.
La abogada agradeció al Gobierno colombiano y a su presidente, Gustavo Petro, por otorgar el asilo y por “la protección brindada durante todos estos meses de aislamiento y encierro”.
En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, introdujo un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.
Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un “procedimiento disciplinario” en su contra, con el fin de aplicar “la sanción que corresponda”.
Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida “temporalmente del ejercicio profesional”.
(Con información de EFE)
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