La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reiteró este martes su preocupación por el “embarazo de alto riesgo” de la presa política Maykelis Borges, quien, según la organización, tiene 38 semanas de gestación, a pocos días de su fecha estimada de parto, y presenta “signos de preeclampsia”.
A través de su cuenta en X, la organización denunció que Borges “no ha recibido los estudios médicos necesarios, incluyendo un ecosonograma urgente, ni el seguimiento clínico adecuado”.
“Su privación de libertad, presuntamente utilizada como medida coercitiva para obligar la entrega de un tercero, representa una clara violación a sus derechos humanos”, afirmó JEP.
El pasado 10 de julio, la organización no gubernamental advirtió que la mujer embarazada “padece hipertensión arterial, tiene baja hemoglobina, sufre constantes infecciones urinarias”, lo que, señaló, pone en “peligro su vida y la de su bebé”.
De acuerdo con la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), Borges fue “detenida arbitrariamente” el pasado 29 de enero en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y, posteriormente, fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, un centro penitenciario en el estado Miranda (norte), cercano a la capital.
La organización dijo a EFE que Borges es pareja del militar retirado Cristian Hernández, señalado por el régimen venezolano de participar en una supuesta conspiración, la cual llamaron ‘Aurora’, y quien, agregó el CLIPP, se encuentra fuera de Venezuela.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 853 presos políticos, de los cuales 759 son hombres y 94 mujeres.
Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos políticos, sino que estas personas fueron detenidas por cometer diversos delitos, una afirmación que rechazan partidos y líderes opositores así como varias ONG.
Venezuela sigue un “patrón de puerta giratoria” con la liberación de presos políticos seguida de nuevas detenciones, denunció Human Rights Watch (HRW) este lunes, cuando se cumple un año de las elecciones tras las que Nicolás Maduro fue declarado ganador entre denuncias de fraude.
El 18 de julio de 2025, Venezuela anunció la excarcelación de 80 personas y liberó a 10 estadounidenses o residentes permanentes de Estados Unidos a cambio de la puesta en libertad de 252 migrantes venezolanos expulsados por el gobierno de Donald Trump a una cárcel de El Salvador.
Según Vente Venezuela, el partido político de la líder opositora venezolana María Corina Machado, desde las últimas excarcelaciones, alrededor de 40 críticos han sido detenidos, de los cuales algunos han sido liberados, afirma HRW en un comunicado.
El régimen de Maduro “lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’”, critica Juanita Goebertus, directora de esta oenegé, citada en la nota.
Estados Unidos y los demás países “deben entender esta manipulación del gobierno venezolano, que libera a algunos presos políticos mientras detiene a otros y consolida su régimen autoritario”, añade.
HRW llama a la comunidad internacional a “contrarrestar el sistema de incentivos internos del régimen de Maduro, que premia a las autoridades y fuerzas de seguridad abusivas para asegurar su lealtad, mientras castiga, tortura y obliga a exiliarse a los críticos”.
“Un año después de las elecciones de 2024, muchos venezolanos siguen arriesgando su vida y su libertad para promover la democracia”, asegura Goebertus.
(Con información de EFE)
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