Un grupo de mujeres, familiares de jóvenes detenidos tras la crisis ocurrida luego de las elecciones presidenciales de julio pasado en Venezuela, solicitó este miércoles una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab.
El objetivo es presentarle de forma directa los casos de sus parientes y conocer las razones por las cuales, según denuncian, las excarcelaciones permanecen “paralizadas desde el mes de marzo”.
“Estamos a punto de cumplir un año desde que comenzó esta pesadilla y seguimos sin comprender por qué nuestros familiares continúan bajo esta prisión injusta”, afirma la carta dirigida al fiscal y entregada en la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, donde realizaron una vigilia.
El documento, firmado por madres, esposas, abuelas, hermanas, tías y otros familiares, advierte que la salud de los detenidos “sigue debilitándose”. Sostienen que muchos presentan infecciones en la piel y los riñones, además de problemas de tensión, respiratorios y gástricos.
Según el texto, “la gran mayoría muestra síntomas de depresión y dificultades para conciliar el sueño. Sufren pánico y ansiedad al pensar que perderán mucho más tiempo de sus vidas detrás de esos injustos barrotes”. Las mujeres señalaron que estos detenidos “son, en su mayoría, jóvenes trabajadores y estudiantes provenientes de comunidades populares”.
Resaltaron: “Somos gente humilde para quienes la vida se ha vuelto cada día más difícil a causa de esta injusta prisión”.
Una de las madres que ingresó al Ministerio Público afirmó que los funcionarios se comprometieron a revisar los casos “desde ya” y a priorizar “cuatro con patología”.
Estos detenidos, en su mayoría menores de 30 años, fueron arrestados en el marco de la crisis y protestas posteriores a la controvertida proclamación del dictador Nicolás Maduro tras los comicios del 28 de julio de 2024.
La proclamación, realizada por el organismo electoral bajo control de funcionarios afines al chavismo, fue denunciada por la oposición como un “fraude”.
De acuerdo con el Comité de Madres por la Verdad, convocante de la protesta frente a la Fiscalía, “no tiene sentido que estos jóvenes, (...) que son el presente y el futuro de Venezuela, estén perdiendo sus vidas tras unos barrotes”, y exigieron su liberación, insistiendo en que son inocentes.
Miriam Yépez, madre de Juan Diego Lucena, declaró que su hijo, de 28 años, es “trabajador, técnico en teléfonos y estudiante de (ingeniería) telemática” en una universidad pública.
“Queremos la libertad de nuestros hijos, de nuestros muchachos. Son inocentes, no son terroristas, no son delincuentes. Son muchachos estudiantes, trabajadores”, expresó.
El Foro Penal, organización no gubernamental, informó este martes que existen 948 presos políticos en Venezuela, incluidos cuatro adolescentes, la mayoría detenidos después de las presidenciales efectuadas hace casi un año.
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