El ex diputado opositor venezolano Williams Dávila cumplió este martes 11 meses detenido y permanece hospitalizado en un centro médico de Caracas “sin avances procesales”, según denunció su equipo de prensa.
“Williams Dávila cumple este martes once meses de estar detenido, sin que hasta la fecha se hayan ofrecido respuestas claras por parte de las autoridades competentes sobre su situación legal ni sobre las razones que justifican su prolongado confinamiento”, comunicó su equipo mediante una nota.
Además, señalaron que Dávila “ha permanecido recluido en una clínica bajo estricta custodia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)" desde su detención, ocurrida el 8 de agosto de 2024.
Su arresto se realizó en “circunstancias que aún no han sido esclarecidas oficialmente” durante una “serie de detenciones tras las pasadas elecciones del 28 de julio” de 2024.
En esa jornada, el ente electoral proclamó al dictador Nicolás Maduro como presidente reelecto, hecho que la principal coalición opositora calificó como fraudulento.
“A pesar de los llamados públicos por parte de familiares, colegas y defensores de derechos humanos, el caso de Dávila sigue sin avances procesales. La falta de información oficial, y el acceso restringido a sus abogados, levantan cuestionamientos sobre el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales”, añade el comunicado.
Dávila fue “interceptado” por “una camioneta sin placas y dos motorizados”, donde se encontraban funcionarios sin identificación de cuerpos de seguridad del Estado, detalló a la agencia de noticias EFE el abogado penalista y defensor de derechos humanos Rafael Narváez.
En agosto de 2024, el Gobierno de Portugal exigió la “liberación inmediata e incondicional” de Dávila, recordando que el político posee nacionalidad portuguesa y “fue detenido de forma arbitraria y con salud precaria”.
Exigen justicia tras casi 7 años de la muerte en custodia del concejal Albán
En otro orden, la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este martes justicia para el concejal Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado el 8 de octubre de 2018, un hecho por el que fueron condenados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aunque posteriormente puestos en libertad, según la organización.
“Hoy recordamos a Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado cuando se encontraba injustamente tras las rejas”, expresó la organización no gubernamental en su cuenta de X.
Asimismo, JEP indicó que “a la fecha no hay justicia” en el caso de Albán, a quien se refirió como un “líder político y social que luchaba por sus ideales”.
En diciembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al precipitarse desde un décimo piso, según la Fiscalía, aunque distintos activistas políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.
Saab detalló entonces que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
La coordinadora general de JEP, Martha Tineo, dijo a EFE que en febrero de 2022 la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas “redujo la pena a dos años y ocho meses, y los funcionarios quedaron en libertad, a pesar de que se habían declarado culpables”.
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