
Una veintena de familiares de presos políticos venezolanos se reunió este miércoles en la Universidad Central, en Caracas, y exigió la libertad de sus seres queridos, recordando que se trata de “un derecho” y “no de un privilegio”.
“Hoy, desde distintas iglesias y caminos de fe, nos abrazamos en un mismo clamor: que se abran esas puertas, que regresen los abrazos, que la libertad vuelva a ser un derecho, no un privilegio”, dijo Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa y cuñada de Juan Pablo Guanipa, ambos detenidos en el marco de la represión ordenada por el régimen de Nicolás Maduro tras los comicios fraudulentos de julio de 2024.
El evento fue organizado por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos y tuvo el objetivo de “construir mayor solidaridad y unidad en torno al llamado por la libertad de todas las personas que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela”, sumó Yovanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, quien se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda.
Así, explicó, la concentración surgió como “un espacio de oración” destinado a reunir “distintas voces, tradiciones y comunidades creyentes en un solo clamor”, aunque la invitación se extendió a personas no creyentes que “comparten la causa de la justicia, la libertad y la dignidad humana” y que apoyan esta “forma de resistencia” al régimen, así como el “mensaje claro” que se envía a todos aquellos que intentan “apagar” las voces disidentes.
Ávila se refirió, en ese sentido, al “compromiso colectivo” de la causa por la visibilización del “sufrimiento de hombres, mujeres y adolescentes encarcelados por razones políticas” y aprovechó para elevar junto a los allí presentes “una súplica que toque corazones, que conmueva la consciencia y fortalezca a las familias en su lucha silenciosa y valiente”.
“Este espacio también nos ayuda a vencer el miedo en un país donde se usa la violencia, la represión y el castigo como herramienta para silenciar a quienes reclaman sus derechos”, denunció.
En el acto también participó el sacerdote y teólogo jesuita Pedro Trigo, quien defendió la inocencia de los detenidos, señalando que “no han cometido delitos” ni “tampoco han usado la violencia ni se han asociado para cometerla”, sino que los motivos de sus encarcelamientos radican únicamente en que “el Gobierno ha considerado que socavaban su poder al denunciar actos en contra de la ley y del espíritu de la democracia”.
“Esa denuncia, siempre que se atenga a los hechos y no llame a la violencia, es un componente ineludible de la auténtica democracia”, sumó.
El encuentro se dio en medio de la ola de persecución y represión ordenada por el chavismo contra la oposición, que se recrudeció tras las elecciones fraudulentas de mediados de 2024.
Según el último balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 932 presos políticos, “la mayoría detenidos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de crisis luego de la denuncia de fraude de la oposición mayoritaria tras el resultado que adjudicó la reelección a Nicolás Maduro”, quien asumió un tercer mandato en enero.
Foro Penal puntualizó que el registro, realizado hasta el 16 de junio, representa un aumento de seis personas privadas de libertad con respecto al informe anterior y suma que, de los detenidos, 837 son hombres y 95 mujeres, mientras que 928 son adultos y cuatro adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
Pese a las denuncias de organizaciones en defensa de los derechos humanos y familiares de los reclusos, tanto Nicolás Maduro como el fiscal general Tarek William Saab niegan la existencia de personas arrestadas por razones políticas.
Por el contrario, ambos sostienen que los privados de libertad “cometieron delitos”, una afirmación que rechazaron varias ONG y líderes opositores, quienes insisten en que las detenciones responden a la persecución por motivos ideológicos y de disidencia política.
(Con información de EFE)
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