La ONG venezolana Fundaredes denunció este miércoles que su director, Javier Tarazona, detenido desde julio de 2021, está sometido a una “condena anticipada”, producto de los retrasos en el proceso legal, especialmente después de que el tribunal a cargo de su caso decidiera aplazar nuevamente su audiencia, programada para este miércoles.
“Con este nuevo diferimiento continúan las inconsistencias en el caso de nuestro director Javier Tarazona, quien cumple una condena anticipada, injusta y arbitraria por parte del Estado”, destacó Fundaredes en una publicación, en la que precisó que la audiencia se realizará el próximo 23 de junio.
Por otro lado, el hermano del activista, José Rafael Tarazona, indicó en sus redes sociales que el tribunal que lleva el caso argumentó su decisión en “una nueva incidencia por falta de presencia de los órganos de prueba promovidos por el Ministerio Público (MP, Fiscalía)”, lo que, una vez más, enciende las alarmas sobre las altas chances de manipulación por parte de las autoridades judiciales que sirven al régimen de Nicolás Maduro.
Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, cuando se presentó en la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, para denunciar que era víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios policiales de la región, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y otros individuos aún no identificados.
Sin embargo, en lugar de recibir asistencia, el disidente fue arrestado y acusado de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”.
Tarazona ha sido una figura central en la denuncia del conflicto armado entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC, que se desarrolló en 2021 en una región fronteriza con Colombia, en medio de la falta de datos oficiales por parte del régimen venezolano.
En octubre de 2022, Fundaredes ya había informado una irregularidad en su caso. Según apuntaron entonces, su juicio volvería a comenzar -después de dos meses de audiencias- debido a la baja médica del juez encargado del caso.
Según la coordinadora de documentación de la ONG, Clara Ramírez, el juicio había comenzado formalmente el 16 de agosto de 2022 y, desde entonces, se habían realizado seis audiencias consecutivas, respetando los tiempos legales. Sin embargo, la enfermedad del juez suspendió el proceso, anulando la validez de lo avanzado.
“Las audiencias de juicio no pueden distanciarse la una de la otra más de 10 días hábiles”, apuntó entonces Ramírez.
El caso de Tarazona es parte de un panorama más amplio y preocupante dentro de Venezuela.
Foro Penal, otra organización de derechos humanos que monitorea la situación de las cárceles en el país, ha informado que el régimen de Maduro mantiene encarceladas a 927 personas por razones políticas, lo que expone la constante ola de persecución y represión en el país.
Del total, 831 son hombres y 96 son mujeres; además, 922 son adultos y cinco son adolescentes de entre 14 y 17 años. Asimismo, 758 de los detenidos son civiles y 169 son militares, y 82 tienen doble nacionalidad.
La mayoría de estas detenciones se produjeron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, declaró ganador a Maduro, pese a que la oposición demostró que la voluntad popular había favorecido a Edmundo González Urrutia.
En un intento de afianzar su poder, el chavismo ordenó una intensa represión, resultando en miles de arrestos arbitrarios, una situación reflejada en los 18.409 casos documentados por Foro Penal desde 2014.
Recientemente, a principios de junio, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) demandó la “libertad inmediata y sin restricciones” de los cinco menores de edad que, según su criterio, fueron “detenidos arbitrariamente por motivos políticos”. Este pronunciamiento coincidió con la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, proclamado por la ONU, donde señalaron: “Ningún adolescente debería ser víctima del abandono institucional ni del uso del encierro como herramienta de castigo y control social”.
(Con información de EFE)
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