El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) exigió este lunes el “fin de la criminalización” contra la disidencia del país caribeño, cuando se cumplen 10 meses de la detención de Roland Carreño, periodista y activista político de la formación.
A través de su cuenta en la red social X, VP pidió justicia para Carreño y para “todos los presos políticos”, cifrados en 922 por la ONG Foro Penal, la mayoría detenidos tras los comicios de julio del año pasado, en el contexto de la crisis que vivió Venezuela después de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, adjudicara una cuestionada victoria en las presidenciales a Nicolás Maduro.
“Durante estos 10 meses, Roland ha sido víctima de tratos crueles y violaciones a sus derechos humanos. Su caso es otra representación de la persecución sistemática contra quienes piensan distinto en Venezuela”, afirmó VP.
Según el partido, Carreño fue “detenido arbitrariamente” el 2 de agosto del año pasado por el régimen de Maduro “sin pruebas, sin debido proceso, sin justicia”.
“Su único ‘delito’ ha sido luchar por una Venezuela libre, decir la verdad y acompañar a quienes han sufrido la represión”, indicó la formación.
Por su parte, la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió la “libertad inmediata” de Carreño y también la de todos los presos políticos.
“Han pasado 10 meses desde la detención arbitraria de Roland Carreño, sin que se respeten sus derechos ni el debido proceso”, indicó el bloque opositor en su cuenta de X.
Esta es la segunda vez que Carreño es detenido, ya que fue arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.
En otro orden, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este lunes que el abogado y activista Eduardo Torres continúa “incomunicado”, cuando se cumplen 25 días de su detención, calificada por la organización como “injusta”.
“Sigue en El Helicoide (sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas), incomunicado y sin acceso a visitas de su familia o abogados de confianza”, afirmó Provea en X, donde exigió la liberación del miembro de su equipo de exigibilidad legal.
La ONG reiteró que Torres es “beneficiario de medidas cautelares de protección” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido -señaló- a las “amenazas y actos de hostigamiento” que ha “sufrido” por su labor.
En ese sentido, Provea consideró que las autoridades venezolanas “están obligadas” a garantizar el respeto a los derechos del abogado, no solo -precisó- “a la defensa y al debido proceso”, sino también a la “integridad personal”.
El 13 de mayo pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó el arresto del activista de Provea quien, indicó entonces, se encuentra detenido por su presunta vinculación con una trama para “generar violencia” en los recientes comicios regionales y legislativos, celebrados el 25 de mayo.
Provea había denunciado, tres días antes del anuncio de Saab, que se desconocía el paradero del activista.
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