Un avión de la aerolínea estatal Conviasa, procedente de Honduras, con 199 venezolanos deportados desde Estados Unidos, aterrizó la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, reactivando así los vuelos de repatriación que habían estado suspendidos desde febrero, en medio de un tenso cruce de acusaciones entre Caracas y Washington sobre el manejo del acuerdo migratorio.
“Hoy estamos recibiendo 199 compatriotas”, declaró el ministro del Interior y Justicia de la dictadura, Diosdado Cabello, desde la terminal aérea, en una alocución transmitida por la televisión estatal.
Según el funcionario chavista, este es el cuarto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos, luego de operativos anteriores que incluyeron salidas desde El Paso, Texas, y una repatriación de 177 migrantes recluidos en Guantánamo, Cuba, también a través de Honduras.

Cabello afirmó que el régimen está “listo para recibir a los venezolanos estén donde estén” y aseguró que la baja frecuencia de los vuelos no es responsabilidad de Venezuela.
“Se reanudan los vuelos”, insistió, al tiempo que atribuyó las interrupciones a obstáculos externos.
Las deportaciones fueron suspendidas tras un nuevo deterioro en las relaciones entre ambos países. La dictadura de Nicolás Maduro acusó al Departamento de Estado de “bloquear” los vuelos, mientras que Estados Unidos revocó la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela, como represalia por lo que describió como incumplimientos en materia migratoria por parte del régimen.
El acuerdo para la repatriación de migrantes se alcanzó en enero, tras la visita a Caracas de Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump.

Tras la deportación, el 16 de marzo, de 238 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, Washington aseguró que los migrantes tenían vínculos con el Tren de Aragua, una organización delictiva originada en cárceles venezolanas y calificada como grupo terrorista por la administración Trump.
El régimen venezolano respondió calificando la operación como un “secuestro” y acusando a Washington de impulsar una campaña de criminalización contra los migrantes venezolanos. A la fecha, el régimen chavista no ha reconocido oficialmente la existencia del Tren de Aragua ni ha anunciado investigaciones sobre su expansión regional.
El gobierno de Estados Unidos confirmó este domingo la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes venezolanos indocumentados, señalando que espera mantener un flujo constante de repatriaciones hacia Venezuela, en el marco de su política de control migratorio.

“Hoy se reanudaron los vuelos de deportación de inmigrantes indocumentados venezolanos a su país de origen vía Honduras”, indicó un mensaje oficial en la cuenta del Departamento de Seguridad Nacional en la red social X.
El comunicado subrayó que las personas deportadas “no tenían base legal para permanecer en Estados Unidos” y agradeció al gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, por su cooperación.
“El proceso de trasbordo humanitario inició alrededor de las 16:30 horas locales, demorando aproximadamente tres horas y media y se dio de manera ordenada y segura”, informó la Cancillería de Honduras en un comunicado.
El gobierno estadounidense no detalló la frecuencia con la que se realizarán los vuelos, pero afirmó que “espera ver un flujo constante de vuelos de deportación a Venezuela en el futuro”.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer mandato de Trump, tras la fraudulenta reelección de Maduro en 2018.
Washington tampoco reconoció los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó ganador de un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que respalda al ex embajador Edmundo González Urrutia, hoy en el exilio.
Desde 2014, cerca de ocho millones de venezolanos han abandonado el país, empujados por la combinación de colapso económico, hiperinflación y deterioro institucional. Aunque el régimen ha atribuido la crisis a las sanciones de EEUU, organismos independientes señalan una década de mala gestión, corrupción y persecución política como causas principales del éxodo.
(Con información de EFE y AFP)
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