La cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela fue escenario de una situación irregular reportada este viernes, según la activista Tamara Sujú. La también abogada difundió información alarmante a través de sus redes sociales, destacando que la situación comenzó desde las 5 de la mañana, involucrando la presencia de cuerpos de seguridad como el DGCIM, el SEBIN y la GNB.
“Venezuela: desde las 5 a.m. situación irregular en la Cárcel Militar de Ramo Verde”, expresó Sujú.
El centro de detención, conocido por albergar a presos políticos, se convulsionó al reportarse disparos en diferentes niveles del complejo. De acuerdo con Sujú, “me llegan estas imágenes sensibles (fuertes) desde la cárcel militar de Ramo Verde. 3 heridos de bala, en el Anexo A piso 4...”.
En la supuesta operación estuvo involucrado el general Ferrer Sandrea. Las informaciones apuntan a que la operación fue liderada por altos mandos militares, y la situación generó disparos que pudieron escucharse desde diferentes pisos de la instalación. “Según la Información están el DGCIM, el SEBIN y la GNB”, refirió Sujú a través de las plataformas digitales.
Las repercusiones de este conflicto han sido difundidas por numerosos medios de comunicación, que subrayan la gravedad de los hechos. Ante este contexto, diferentes ONG han reiterado el llamado a una inspección internacional sobre el estado de los presos y las condiciones de detención en Venezuela.
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario aún no ha emitido un comunicado oficial ni ha explicado las razones detrás de los incidentes en Ramo Verde. Datos anteriores han mostrado que esta prisión ha sido escenario de múltiples denuncias de violencia y tratos inhumanos, lo que podría indicar un patrón de irregularidades que necesita ser revisado con urgencia.
Los familiares de las personas detenidas, junto a organizaciones de la sociedad civil, continúan su lucha por justicia y la mejora de las condiciones en los centros de reclusión nacionales.
Estas cuestiones subrayan la importancia de un seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, exigiendo un entorno carcelario que respete la vida y la dignidad de todos los internos, sin excepciones. La atención mediática sobre este incidente específico podría servir como catalizador para reformas más amplias, como lo sugieren expertos en la materia, esperando así lograr un cambio positivo en lo que muchos consideran un sistema profundamente disfuncional.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas detenidas por razones de conciencia en Venezuela, informó este miércoles que quedan en el país, tras las liberaciones de las últimas semanas, 1.877 presos políticos, 28 menos que en su último reporte, cuando computó 1.905.
A través de su cuenta en la red social X, la organización detalló que del total de encarcelados, 1.642 son hombres y 235 mujeres. De ellos, 1.715 son civiles y 162 pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Además, señaló que hay 1.871 adultos y 6 adolescentes, de entre 14 y 17 años, detenidos en estas condiciones.
La mayoría de estas detenciones están relacionadas con las protestas que surgieron tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró de forma fraudulenta la reelección del dictador Nicolás Maduro.
Estas cifras incluyen personas arrestadas en manifestaciones contra lo que diversos sectores consideran irregularidades en el proceso electoral. El pasado lunes, la Fiscalía venezolana anunció la liberación de 533 detenidos relacionados con las protestas postelectorales.
Según el Ministerio Público del régimen, estas excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión de medidas judiciales, que en su etapa más reciente incluyó 179 nuevos casos, los cuales se sumaron a 354 liberaciones previas realizadas en las últimas semanas.
Sin embargo, estas excarcelaciones fueron acompañadas por nuevas detenciones. Entre los arrestados recientemente figuran dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado; el exconcejal caraqueño Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, estado Zulia, Nabil Maalouf; y el activista Luis Palocz.
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