
Los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) han denunciado que el régimen de Nicolás Maduro busca transformar la Embajada de Argentina en Caracas en “una cárcel más del régimen venezolano”. Según el grupo, esta situación constituye una grave violación al derecho internacional y humanitario.
A través de un comunicado, IDEA alertó sobre el trato “inhumano y degradante” que enfrentan los seis opositores venezolanos asilados en la embajada, entre ellos colaboradores de la dirigente antichavista María Corina Machado. El texto señala que los refugiados, bajo la protección diplomática de Brasil, están sometidos a condiciones de aislamiento extremo, sin acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica.
Desde el 23 de noviembre, fuerzas del régimen chavista han rodeado la residencia diplomática, según denunciaron los asilados. Omar González, uno de los refugiados y cercano colaborador de Machado, describió la situación como “crítica”. A través de X (antes Twitter), alertó: “Hacemos una alerta urgente a la comunidad nacional e internacional sobre la situación crítica que enfrentamos seis perseguidos políticos asilados en la Embajada argentina en Caracas”.

El asedio incluye el corte de electricidad, atribuido al robo de fusibles eléctricos, y la obstrucción del ingreso de un camión cisterna para reponer el agua potable. El sábado, las reservas del tanque de la embajada se agotaron tras varios días de racionamiento, según indicó Pedro Urruchurtu, otro de los asilados.
IDEA recordó que, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas, amparado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En este marco, el grupo exigió al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Nuncio Apostólico en Caracas, que actúen para garantizar la seguridad y derechos de los asilados.

El sábado pasado, la cancillería de Argentina denunció “actos de hostigamiento e intimidación” contra su embajada y exigió a Venezuela que emita “los salvoconductos necesarios” para que los opositores refugiados puedan dejar el país.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el partido Vente Venezuela pidieron presión internacional para que cese el “asedio criminal” y se emitan los salvoconductos necesarios que permitan a los refugiados abandonar el país. “Si no hay embajada segura, nadie podrá protegerse de la persecución”, advirtió Vente Venezuela en un comunicado.
Los seis opositores, entre los que figuran también Claudia Macero, Humberto Villalobos y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, ingresaron a la embajada en marzo tras ser acusados por la Fiscalía venezolana de conspiración y traición a la patria.
La situación de asedio se ha presentado en varias ocasiones. El último ocurrió en septiembre, cuando Caracas anunció su decisión de revocar el permiso a Brasil para representar a Argentina. El gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva, que se ha negado a reconocer a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, dijo posteriormente que seguirá defendiendo los intereses de Argentina.
Últimas Noticias
El ex enviado de Estados Unidos para Venezuela aseguró que Trump no dará marcha atrás hasta lograr la salida de Nicolás Maduro
Elliott Abrams señaló que la Casa Blanca ha intensificado sus acciones y anticipó que podrían tomarse medidas más directas si la dictadura venezolana se resiste

Estados Unidos anunció que ampliará las sanciones contra el régimen de Maduro para bloquear fondos destinados al tráfico de drogas
El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que las nuevas medidas buscan impedir que la dictadura chavista utilice recursos estatales para financiar organizaciones terroristas como el Cartel de los Soles
La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo
La nueva normativa permite perseguir judicialmente a opositores, empresarios y ciudadanos que respalden sanciones o colaboren con acciones internacionales contra el sector petrolero venezolano



