
La organización venezolana Acceso a la Justicia acusó este jueves a la Asamblea Nacional (AN) de violar la normativa al destituir a Juan Carlos Delpino de su cargo como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE). La ONG recordó que la legislación establece que antes de proceder con esta medida, debe existir un “previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.
Por medio de un comunicado, la ONG explicó que “los rectores electorales figuran en la lista de altos funcionarios del Estado que gozan del privilegio del antejuicio de mérito”, lo que implica que cualquier investigación o proceso judicial contra ellos debe recibir autorización previa del TSJ.
Sin embargo, el Parlamento destituyó a Delpino sin que se haya emitido un fallo en su contra, ni que nadie lo solicitara al máximo tribunal, denunció la organización. Acceso a la Justicia calificó la destitución como otra evidencia de la inexistencia del principio de separación de poderes en el país. “El Parlamento se ha inmiscuido, incluso usurpado, las potestades del CNE, del TSJ y de la Contraloría General”, afirmó la ONG.
“El proceso que la AN siguió para remover al rector Delpino es otra prueba de que el principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 de la Constitución, no existe en el país”, indicaron.
“Lo más grave de la situación descrita fue que en ningún momento se le dio algún tipo de garantías al ex rector Delpino para defenderse de los supuestos delitos que los diputados oficialistas le achacaron, lo que dejó al ya exfuncionario en una absoluta indefensión”, expresó la ONG en el documento.

El pasado 17 de octubre, la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía la apertura urgente de una averiguación penal contra Delpino, quien actualmente se encuentra fuera de Venezuela, por presuntos delitos de “corrupción”, “traición a la patria” y “asociación para delinquir”, entre otros.
Delpino, quien fue removido de su cargo en un contexto de denuncias de fraude electoral, había denunciado en agosto irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según el ex rector, dichas irregularidades socavaron la confianza en la integridad del proceso electoral, en el que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador, un resultado señalado como fraudulento por la principal coalición opositora, que sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el verdadero vencedor.
(Con información de EFE)
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