María Corina Machado denunció este jueves que el régimen de Nicolás Maduro llevará a juicio y condenará a siete menores a los que mantiene detenidos arbitrariamente por haberse manifestado en contra del fraude electoral del 28 de julio. En un mensaje publicado en su perfil de X, la líder opositora sostuvo que estos jóvenes de Carabobo “solo reclamaron su derecho a ser libres” y, por ello, hoy enfrentan un proceso judicial parcial que, probablemente, los deje tras las rejas durante años.
“¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y jóvenes? (...) Estos siete muchachos son nuestros hijos, nuestra razón de lucha. Lo que les han hecho, con el objetivo de aterrorizar a todos los jóvenes y a sus padres, es la mayor razón que tenemos como sociedad para arreciar nuestra lucha. Hay que denunciarlo y duro. Nadie puede pensar que Venezuela será igual después de esto. Nadie puede callar”, repudió Machado, instando a “todo joven, madre, periodista, sacerdote, empresario, policía y militar” a “enfrentar este horror y acabarlo” de una vez por todas.
Venezuela está “hoy unida en siete vidas y con siete familias que representan el dolor infinito de un pueblo (...) Mi corazón está con sus madres. Las abrazo con toda mi alma. Sanaremos sus heridas, físicas y espirituales, porque los vamos a liberar a todos. Después, seguirán creciendo en un país que respetará su dignidad humana y su coraje admirable en estas horas”, se solidarizó a continuación.
La víspera, estos siete jóvenes -que llevan semanas privados de su libertad- participaron de una audiencia preliminar en la que, como era de esperarse, la Justicia chavista definió avanzar en el caso en su contra, llevándolos a juicio “sin ningún beneficio procesal”, informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que acompaña a seis de ellos.
La organización apuntó que pese a que “se declararon inocentes, fueron acusados de los delitos de terrorismo e incitación al odio” y sumó que “los estaban constriñendo a admitir los hechos”. “Todos estos jóvenes se negaron muy gallardamente, a pesar de toda la situación terrible que han vivido, a admitir los hechos, por lo cual ayer (miércoles), en audiencia preliminar, se ordenó el pase a juicio”, denunciaron.
Todas estas acciones derivan no solo en la “privación de su libertad”, a la que están sometidos desde hace dos meses, sino que, también en la negativa de “volver al lado de sus familias y continuar con sus estudios y actividades deportivas”, sostuvieron miembros de la ONG y exigieron, por tanto, “a las autoridades del sistema de Justicia a revisar estos casos, haciendo valer las garantías al debido proceso y el respeto a sus derechos humanos”.
“Es absolutamente condenable que jóvenes que no han cometido delito alguno sean criminalizados, causando graves lesiones a su presente y futuro”, cerraron.
El régimen de Venezuela ha intensificado su persecución contra la disidencia desde el pasado 28 de julio, secuestrando a cualquiera que demuestre oposición a su gestión. Cálculos independientes de varias ONG han cifrado en más de 2.000 las detenciones arbitrarias desde entonces -muchos de estos casos ya con una sentencia firme o en curso- de las cuales, según alertó la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, al menos 158 son niños.
“En el período que va desde el 1 septiembre de 2023 hasta agosto de este año, se produjo un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho en Venezuela es muy alto”, sostuvo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, al presentar este último balance.
(Con información de EFE)
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