
El coordinador nacional del partido político venezolano Convergencia, Biagio Pilieri, fue acusado de cinco delitos, entre ellos “terrorismo”, denunció este jueves su esposa, María Livia Vasile, quien explicó que fue presentado en una audiencia sin la presencia de sus “abogados de confianza”.
“Mi esposo fue presentado el pasado día viernes, 30 de agosto, sin presencia de sus abogados de confianza, con asistencia de un defensor público. Fue imputado por cinco delitos: conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”, señaló Vasile en la red social X.
Asimismo, indicó que Pilieri cumple una semana de “injusta” detención y que, hasta el momento, no se ha podido comunicar con sus familiares y equipo de defensa.
El pasado 31 de agosto, Convergencia exigió la liberación del ex diputado, al tiempo que dijo que es una “persona recta, un hombre comprometido con la democracia, la libertad y los derechos humanos”.
“Hoy no está con nosotros, pero exigimos que sea liberado porque querer que se respete la voluntad popular de los venezolanos no es ningún delito”, añadió la formación en una publicación en X.

Pilieri fue detenido el pasado 28 de agosto tras participar en una protesta convocada por la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales, según denunciaron opositores en la red social.
El antichavismo indicó que el ex diputado fue capturado luego de que presuntamente dos vehículos y dos motos lo persiguieran por Caracas.
Un día después de su detención, el partido Convergencia denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron la residencia de Pilieri, en el estado Yaracuy (oeste), sin ofrecer mayores detalles del operativo policial.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre “la ola represiva desatada” por el régimen.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un aumento de la “represión” en Venezuela, posterior a las presidenciales, cuyo resultado oficial fue cuestionado por gran parte de la comunidad internacional.
La CIDH presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que advierte sobre un “uso arbitrario de la fuerza”, así como detenciones que incluyen a menores de edad.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia.
(Con información de EFE)
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