El dirigente opositor venezolano Williams Dávila, quien el pasado jueves fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, está internado en grave estado, denunció su hijo este miércoles.
A través de su cuenta en la red social X, William Dávila Valeri indicó: “Como hijo, estoy consternado y profundamente preocupado. Las peores previsiones se están cumpliendo: mi padre Williams Dávila, de 73 años, quien fue secuestrado el pasado jueves por defender los valores democráticos, ha ingresado anoche en un hospital en estado grave”.
Y siguió: “Esto solo confirma lo que veníamos advirtiendo sobre la importancia de sus cuidados. Es inconcebible que, en este país, se nos mantenga en la oscuridad sin información clara sobre su situación. Exijo respuestas inmediatas y hago responsable al gobierno por este atropello a los derechos humanos”.
“No es posible que sigamos viviendo bajo un régimen que permite tales atrocidades. #LiberenAWilliamsDavila”, concluyó.
El jueves pasado, la ONG Defiende Venezuela había señalado en X que colectivos chavistas “se llevaron a Williams Dávila, ex gobernador de Mérida” cuando estaba en la Plaza Los Palos Grandes en la capital venezolana. “No se sabe su paradero”, había advertido la organización.
En tanto, ese mismo día, María De Grazia, hija del ex diputado Américo De Grazia, afirmó que su padre se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocida como El Helicoide, en Caracas.
“Después de más de 24 horas sin saber de su paradero (...), nos enteramos (de) que lo tienen en El Helicoide (...). No sabemos qué cargos se le imputan. No tienen una orden de captura contra mi papá, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones lo tienen”, denunció la hija de Americo De Grazia a través de Instagram.
“La integridad de ambos recae sobre el régimen de Maduro”, manifestó el partido opositor La Causa R a través de X.
Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, opositores han denunciado la detención de otros líderes políticos como Freddy Superlano y Roland Carreño, ambos del partido Voluntad Popular, además de líderes locales vinculados a la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó el pasado lunes un contundente escrito en el que exigió “el cese de la represión” y que “se lleven a cabo investigaciones exhaustivas” tras los comicios en el país caribeño.
En diálogo con Infobae, Patricia Tappatá, una de las tres integrantes de la Misión, aseguró que ”ahora estamos asistiendo no solo a la reactivación de la maquinaria represiva del Estado, sino a una reactivación acelerada y más extendida, en particular hacia los sectores más pobres de Venezuela”.
“Las muertes durante la primera semana de protestas postelecciones son inaceptables y deben ser investigadas de manera independiente. Eso resulta difícil en las actuales circunstancias porque el poder judicial, y en particular la Fiscalía, están actuando en sumisión a lo que dictan las más altas autoridades del gobierno. En nuestros informes anteriores llamamos la atención sobre la falta de independencia del sistema de justicia. No hay independencia entre los poderes en Venezuela”, remarcó la experta.
En su reporte del lunes, la Misión indicó que lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas. En 18 casos las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
Tappatá dijo que la situación “es difícil también porque el clima de temor se generaliza mientras aumentan las detenciones. Nadie confía en nadie y se sospecha de los vecinos o de los amigos. Se promueve y estimula la delación para que personas que están en libertad o ya detenidas señalen a opositores -o a quienes el gobierno percibe como opositores-, o a los ciudadanos que eligen manifestar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales del 28 de julio. Esto recuerda los tiempos más oscuros de otros países. Además, la detención de niños y niñas, entre 13 y 16 años, algunos con discapacidad, es totalmente desproporcionada y se lleva a cabo sin respeto por las reglas mínimas de protección de la niñez”, puntualizó.
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